La reiteración por el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, de la demanda de transferencia de la gestión de la Seguridad Social que el PNV ya planteó el pasado mes de febrero supone simplemente recordar la exigencia del cumplimiento de la legalidad que emana del Estatuto de Gernika, por cuyo artículo 18.2 corresponde a Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y que incluso determina el procedimiento para llevarlo a efecto en su Disposición Transitoria Quinta. La asunción por el Gobierno Vasco de la gestión del sistema de pensiones, por tanto, no supone en absoluto una reconsideración de la ley sino, en realidad, su íntegro cumplimiento. Dicho esto, que hace que cualquier resistencia política a la transferencia de la gestión de la Seguridad Social contraríe la legalidad, a la asunción de la gestión por Euskadi apenas cabría oponer motivaciones económicas que, en todo caso, son perfectamente cuestionables. Siendo cierto que los jubilados sufrirán a partir de 2020 en sus bolsillos la última reforma del sistema y que para 2030 habrá en Euskadi en torno a tres jubilados por cada cinco trabajadores cotizantes y se duplicará el número de pensionistas, también que, en la actual tendencia, el fondo de reserva habrá desaparecido; no lo es menos que las dos primeras certezas serán realidad en todo caso independientemente de quién gestione el sistema de Seguridad Social en Euskadi mientras la tercera, que siempre seguirá pendiente de la evolución económica, es precisamente consecuencia de la gestión centralizada de la Seguridad Social por el Estado. Además, la posibilidad de que Euskadi, gozando como goza de autogobierno fiscal, gestione sus pensiones abriría la puerta a la configuración de un modelo mixto de financiación que, sin despreciar la necesaria confirmación de la evolución positiva del empleo o la actualización de los tipos de cotización, permitiría corregir con ingresos tributarios los desequilibrios del actual sistema de la Seguridad Social. Aunque, evidentemente, esto limitaría la necesidad de ”un mercado de pensiones personales más fuerte”, que es el curioso modo en que el comisario europeo de Servicios Financieros, Jonathan Hill, definió ayer el impulso que Europa pretende a los sistemas privados de pensiones que, en Euskadi, de todas formas, apenas alcanzan para complementar la pensión de un tercio de los trabajadores.
