El Parlamento Vasco aprobó ayer dos iniciativas legislativas -la Ley Municipal y de Entidades Locales de Euskadi y la Ley de Adicciones y Drogodependencias- que podría considerarse que por sí solas valen toda una legislatura de la Cámara de Gasteiz. No en vano, la primera de ellas completa la estructura institucional de nuestro país y cubre un vacío legal que no se había logrado llenar durante cuatro décadas y la segunda dota a Euskadi de una herramienta legal única en el Estado y pionera a nivel internacional en la prevención, limitación y tratamiento de hábitos extendidos y perjudiciales en el más amplio sentido social de la palabra. Curiosamente además, ambas leyes podrían intercambiarse los adjetivos toda vez que la Ley Municipal es asimismo pionera en conjuntar la resolución de los dos principales facetas de la administración municipal, la de las competencias y la de su financiación; y la Ley de Adicciones se puede considerar histórica en cuanto a que regula hábitos adictivos de nuevo cuño relacionados con el abuso de las nuevas tecnologías y a los cambios en conductas largamente asentadas en la ciudadanía que promueve. Y no solo por la prohibición de fumar en estadios y frontones o la limitación que plantea para hacerlo en txokos o sociedades, sino porque delimita por primera vez la competencia, que será municipal, para luchar contra el consumo de alcohol en la calle, una de los principales motivos de proecupación de la sociedad vasca por su afección entre los más jóvenes. Por si todo esto no fuera suficiente para valorar en su justa medida la jornada que vivió ayer el Parlamento Vasco, ambas nuevas leyes se basan en consensos políticos -hasta ahora no demasiado habituales en Euskadi- enormemente amplios. En el caso de la Ley Municipal, porque se aprueba respaldada por dos fuerzas (PNV y EH Bildu) que además de conformar mayoría absoluta en la Cámara representan a 197 de los 251 municipios de la Comunidad Autónoma Vasca (78,4%) con el 88% de su población. Y en el de la Ley de Adicciones, porque ha alcanzado, a través de la labor parlamentaria, un apoyo casi absoluto (PNV, EH Bildu, PSE y PP) del que apenas se desmarca la abstención de UPyD, lo que amplifica incluso el éxito que supone su pronta entrada en vigor.
