En el ya prolongado conflicto de intereses entre la seguridad y los derechos, enconado que no iniciado a raíz de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York y sostenido desde entonces por la reiteración de la violencia indiscriminada yihadista, la retirada ayer por François Hollande de la reforma constitucional antiterrorista anunciada tres días después de los atentados del 13 de noviembre en París aporta detalles a tener muy en cuenta. Y no es el de menor relevancia la necesidad de una absoluta prevención a legislar al albur de los acontecimientos cuando la iniciativa legislativa es tan profunda que afecta a libertades fundamentales. En el caso francés, sin ir más lejos, lo que el 16 de noviembre, justo tras el asesinato en París de 130 personas, era apoyado por la mayoría de las Cámaras legislativas, se ha encontrado ahora con notorias reticencias, si bien no solo por la afección a principios básicos de la República de la reforma, que contemplaba las condiciones para decretar el estado de emergencia y fijaba las reglas por las que se podría despojar de nacionalidad a un condenado por actos terroristas. En realidad, tanto en la oposición que ha hallado la propuesta de Hollande como en su retirada por éste ha pesado de forma más que notoria el horizonte de las elecciones presidenciales del próximo año y la deteriorada imagen del actual presidente, a quien el último sondeo sitúa sin opciones de llegar a la segunda vuelta tras perder el 55% de los apoyos que obtuvo en la primera vuelta de las presidenciales de 2012; lo que influye de modo directo en la postura de la oposición, dado que ni Marine Le Pen ni Los Republicanos de Nicolas Sarkozy y Alain Juppé están dispuestos a sostener una posible tabla de salvación de Hollande. Constatado esto, sin embargo, cabe preguntarse por el evidente deterioro de la calidad democrática que supone la realidad de que incluso allá donde se dio forma a los primeros derechos y libertades civiles hace más de dos siglos, los intereses electorales sean hoy más influyentes sobre la acción legislativa que afecta a esos principios básicos que la irrenunciable protección y desarrollo de los mismos que debería alumbrar las iniciativas legisladoras. Porque permitir ese extremo de banalización de fundamentos de la democracia es solo el comienzo de la derrota definitiva de la libertad y el derecho en su conflicto con la seguridad.