La consolidación del nuevo tiempo político abierto en Euskadi tras la declaración de final de la violencia por parte de ETA está empezando a resquebrajar el inmovilismo instalado hasta ahora en los distintos estamentos del Estado español. Estos más de cuatro años sin terrorismo, sin apenas kale borroka -salvo en episodios aislados- y con la dirección y la mayoría de la izquierda abertzale dando pequeños pero significativos pasos en su compromiso con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas parecen haber persuadido a responsables políticos y jueces de que también el Estado debe hacer algún movimiento, siquiera exploratorio, e ir desmontando la intrincada arquitectura jurídica y política de excepción. Un entramado cuya máxima ha sido la doctrina del “todo es ETA” acuñada por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -luego defenestrado por algunas de sus actuaciones- y asumida entusiasta y acríticamente por jueces, tribunales, partidos y medios de comunicación. Una doctrina que ha supuesto en los últimos años ilegalizaciones de partidos y organizaciones de todo tipo, cierre de periódicos y acusaciones y encarcelamientos de decenas de personas solo por el hecho de pertenecer al difuso entorno de ETA. Conscientes de la imposibilidad de mantener esa política de excepcionalidad jurídica en ausencia de violencia, magistrados de la Audiencia Nacional están dictando resoluciones que contradicen a todas luces las decisiones tomadas hasta hace muy poco tiempo en el mismo tribunal. Solo en los últimos veinte días, ha habido al menos media docena de resoluciones contrarias a la doctrina del “todo es ETA” o que regresan al garantismo legal que había quedado de algún modo suspendido en aras a la lucha contra el terrorismo. Decisiones que no surgen de forma casual, sino que obedecen a una clara determinación de acabar con la por otro lado muy cuestionable excepcionalidad jurídica, siempre que desde ETA y la izquierda abertzale se sigan dando pasos que consoliden la normalización. Se trataría, así, de devolver a la justicia al lugar que le corresponde y del que nunca debío salir, adecuando su aplicación -sin necesidad de llegar a la denominada justicia transicional- al momento social y político que vive Euskadi. Aunque aún queda mucho camino por recorrer.
