La decisión del Tribunal Supremo de Florida, máxima instancia competente para decidir respecto a apelaciones y recursos sobre dictámenes judiciales emitidos en aquel estado de EEUU, que anula la sentencia del año 2000 por la que se condenó a muerte a Pablo Ibar como supuesto autor en 1994 (hace 22 años) de tres asesinatos -los del dueño de un local nocturno y dos bailarinas-, va más allá de abrir la opción de un nuevo juicio que revise en profundidad el caso. En realidad, la votación del Supremo de Florida y la estrechísima diferencia -4 votos a 3- que la inclinó a favor de anular la sentencia, cuestionan la equidad del sistema judicial estadounidense y, sobre todo, la persistencia en el mismo -y en los sistemas de otros países- de la pena capital. En el primer aspecto, llama la atención el diferente trato obtenido por Ibar y por quien fuera acusado junto a él del asesinato, Seth Peñalver, a quien se anuló la condena en 2006, hace un década, apenas días antes de que se rechazara la apelación de Ibar, a pesar de que la única prueba nueva aportada para reabrir el juicio el año 2000 (en 1998, se había declarado nulo al no hallar pruebas genéticas que los vinculasen al caso) era la de un vídeo de muy mala definición en el que aparecía una persona de similares características físicas a las de Ibar. Peñalver, en todo caso, contó con una asistencia letrada en condiciones, todo lo contrario que Ibar, limitado por su incapacidad económica para hacer frente a los altos costes de un buen abogado, y por su desconocimiento de un sistema legal en el que tampoco impera el principio de igualdad ante la ley. Esa falta de equidad cuestiona aún más si cabe la desproporción de la bárbara, incivil e irreparable pena de muerte que hace evidente el caso de Ibar, a quien solo el empeño (y la capacidad de movilización, también económica) de su familia le han permitido eludir durante casi dos décadas una ejecución sobre cuya base legal, si es que se puede hallar base legal a la muerte, ahora el Tribunal Supremo de Florida dice albergar dudas. Especialmente porque el suyo no es un caso único. El 4% de los reos ejecutados en EEUU desde 1977, es decir, medio centenar de los más de 1.300 ajusticiados, no eran culpables... a pesar de que 143 condenados a la pena capital habían logrado en ese periodo, tras lograr posponer la aplicación de la pena como Ibar, probar su inocencia.