El último año de la legislatura anterior, el Gobierno de Mariano Rajoy tomó dos decisiones estratégicas: en primer término, rebajó el ritmo de ajustes y reformas y alivió la presión fiscal. Más allá del convencimiento o no de esta decisión, el relajamiento fiscal traslucía un intento final por buscar la reconciliación con un electorado al que en 2011 se había prometido una rebaja de impuestos para luego elevarlos. En segundo término, Rajoy apretó el acelerador y forzó al máximo el calendario para llegar a las elecciones de diciembre con los Presupuestos Generales del Estado de 2016 aprobados. Ya entonces, en un espectáculo inédito, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, adelantó la opinión negativa de Bruselas respecto al proyecto que tramitaba el Ejecutivo del PP, fundamentalmente por el desacuerdo en cuanto a la desviación del déficit. La locuacidad de Moscovici, en plena precampaña española, le costó el tirón de orejas del presidente de la Comisión y de Berlín. Desde entonces, en La Moncloa espera en la bandeja de temas pendientes la tarea de abordar esa desviación del déficit pactado, que debería quedar en el 2,8% del PIB y que Bruselas sitúa ya en el 3,6%, después de que España haya rebasado el déficit previsto para 2015 en seis décimas. Y ayer, Moscovici lo recordó: “Para mantenerse dentro de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que es necesario y deseable, hará falta que cuando llegue el momento se tomen medidas”, medidas que competerán al nuevo Gobierno y que deberían tener dos caminos alternativos o complementarios, menos gasto o más ingresos. En cifras, esas ocho décimas de desviación que España tendría que corregir según Bruselas supondrían en torno a 8.700 millones de euros. Una patata caliente que heredará el nuevo Gobierno, sea del signo que sea, y que ha dormido el sueño electoral ayer. Con este telón de fondo, el factor económico puede a partir de ahora tomar un protagonismo que había perdido en el escenario de formación de Gobierno. Rajoy se subió ayer al carro: “España se ha convertido de nuevo en un interrogante”, sentenció. Si a eso se suma la advertencia de la Comisión sobre los riesgos que la incertidumbre en la constitución del Ejecutivo suponen para la previsión de crecimiento, la patata caliente no es solo para el próximo Gobierno, sino que qué hacer con esa exigencia de Bruselas también podría llegar a influir sobre la propia negociación de la investidura.
