el Gobierno del PP ha venido aprobando durante esta legislatura que termina sin contar con nadie -sin consultarlo si quiera con los sectores afectados y sin intentar atraerse a ningún otro grupo político- numerosas iniciativas legislativas de calado político que han tenido que ver con la merma de derechos y libertades, con la precarización laboral o con políticas educativas de inspiración reaccionaria. Este ha sido el balance de los grandes logros del rodillo de la mayoría absoluta del PP. A su vez, si los grupos del PNV y CiU en Madrid habían venido fiando históricamente su estrategia a la apertura de un canal de interlocución y negociación con el Gobierno central -ya fuera de color socialista o popular-, el gabinete de Mariano Rajoy, alumno aventajado en este terreno de José María Aznar, se ha encargado de dinamitar todos los puentes con Catalunya y Euskadi, en el primer caso por acción de la ofensiva del cepillado más belicoso -la que precisamente ha empujado a los catalanes a donde están- y en el segundo, por omisión. A pesar de que Euskadi ha reabierto en el seno de su Parlamento el inacabado debate sobre su estatus de autogobierno y de que el fin de ETA plantea el apasionante reto de cerrar con dignidad el capítulo de la pacificación, el reconocimiento de las víctimas y la reconciliación social, el Gobierno Rajoy ha desdeñado ambas oportunidades políticas con insultante displicencia, llegando incluso a sacrificar por el camino a su presidenta en el País Vasco Arantza Quiroga. El presidente del Gobierno español sólo ha descolgado el teléfono vasco cuando ha necesitado regates de cortas miras políticas. Lo hizo el pasado mes de junio cuando el jefe de gabinete de Moncloa, Jorge Moragas, envió un mensaje telefónico a Ajuria Enea para tantear, in extremis y deprisa y corriendo, si había posibilidades de apañar alguna forma de evitar el desalojo de Javier Maroto de la Alcaldía de Vitoria, como desveló DNA. Y lo hace ahora, a pesar de que Madrid cortó la comunicación con Vitoria hace más de un año, únicamente para requerir al lehendakari Iñigo Urkullu que se sume a la corte del pacto antiyihadista y pedirle que la Ertzaintza controle la frontera de Irun. La colaboración policial está siendo, en este sentido, muy fluida. Pero de Moncloa cabe esperar algo más que ruegos a la desesperada, en una suerte de juego del teléfono roto.