la toma en consideración por el pleno del Parlamento Vasco de la proposición para la reforma de la Ley de Territorios Históricos (LTH) abre un debate que interesa y afecta a toda la estructura institucional de Euskadi. Sin embargo, sin cuestionar la legitimidad del debate en los términos en que lo expresa el PSE -cuya propuesta fue admitida a trámite con los votos de todos los grupos salvo el PP-, el planteamiento se queda en las relaciones institucionales ad intra, sin analizar las relaciones de Euskadi con el Estado, aun cuando afectan a todos nuestros niveles institucionales. Y a pesar de que el PSE se basa en supuestas “ineficiencias y duplicidades”, que también se producen por interferencias de la Administración del Estado. Así, esta propuesta sobre la LTH surge con un déficit inicial que radica en que si esta ley se aprobó en 1983 como consecuencia de la aplicación del Estatuto de Gernika, pretender su modificación sin estudiar antes una reforma en profundidad del actual estatus de autogobierno se antoja cuando menos incompleto. Especialmente porque, mientras actualmente sí están en cuestión la eficacia e idoneidad del desarrollo de la actual relación entre Euskadi y el Estado, no lo está el funcionamiento del actual entramado institucional vasco, que además ha venido siendo actualizado a través de la veintena larga de resoluciones de la Comisión Arbitral sobre las pugnas competenciales. Ni tampoco se discuten sus virtudes en la gestión y el desarrollo del bienestar y la cohesión en la sociedad vasca durante las últimas décadas. En todo caso, si lo que pretende la reforma es fortalecer las instituciones y órganos comunes de Euskadi en pos de una supuesta homogeneización, cabe preguntarse si la intención de los socialistas vascos de reformar ahora la LTH responde a las necesidades reales de nuestra sociedad y a una supuesta mejora en la distribución del poder político y económico o si, en realidad, más bien sirve a la pretensión del PSE de evitar el debate sobre la modificación del estatus de autogobierno. Así como si el PP, con su postura contraria de raíz a la reforma, pretende erigirse en adalid de la foralidad o, en realidad, busca azuzar ese vacuo y rancio provincialismo que el presidente de los populares alaveses, Javier de Andrés, parece haber convertido en única bandera de su discurso.