las detenciones en la localidad de Baigorri por la Policía francesa de los presuntos miembros de la dirección política de ETA David Pla e Iratxe Sorzabal, junto a Ramón Sagarzazu -quien habría participado en los contactos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- acercan a la certeza de un final policial para la organización terrorista. No en vano, han pasado casi cuatro años desde que el 20 de octubre de 2011 los propios Pla y Sorzabal -según la Policía española- dieran lectura al comunicado en el que ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada, pero no ha sido hasta ayer, tras su arresto, que el titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, levantó el “acta de defunción” de ETA. El ministro unió la detención ayer de la dirección política a los precedentes de la desarticulación de su estructura militar y logística. Han transcurrido cuatro años tras los que ese final policial que pretende el ministro del Interior sería posible en todo caso debido a la propia actitud de ETA y su resistencia a aceptar propuestas de desarme. Entre ellas, las esbozadas desde la intermediación internacional o la concretada por el Gobierno Vasco en diciembre, hace ya nueve meses, posponiendo ETA indefinidamente su disolución y con ella un desenlace escalonado para la problemática de sus presos. Es, por tanto, responsabilidad de la propia ETA, pero también -a la vista de los resultados- de la escasa presión ejercida desde los sectores políticos de la izquierda abertzale, que el cese definitivo de la violencia que la organización armada definió como unilateral resulte ahora, cuatro años después, en su desmantelamiento por la Policía. Una responsabilidad que se extiende y engloba a todos aquellos que vuelven a obviar los deseos e intereses de la sociedad vasca al no facilitar un final ordenado a medio siglo de violencia, pese a la indefinición y ausencia de certidumbre que ello llevaría implícito. Por tanto, y por evitar la aparición de otros intereses entrecruzados que podrían poner en cuestión la normalización política y la reconciliación en Euskadi -y al tiempo sus aspiraciones- cabe exigir de ETA y su entorno que, sin más demoras y mientras quede margen para cerrar la agonía de su actividad de manera ordenada y supervisada, proceda a aceptar las posibilidades ofrecidas para su desarme y a una disolución nítida y definitiva.