la crisis de los refugiados que en cientos de miles se agolpan a las puertas de Europa desde hace meses ha terminado por hacer evidente las diferencias en la actitud tanto de los diferentes Estados miembro de la UE como de los distintos niveles institucionales en su seno. Al respecto, no cabe obviar que la propuesta de acogida y el reparto de cuotas de refugiados planteada ayer por el presidente Jean Claude Juncker -por el que la UE acogerá a 160.000 refugiados, los 40.000 planteados en el cupo inicial y 120.000 más- tiene carácter “obligatorio” y el propio mandatario, en su presentación, advertía con “sanciones financieras” a los países que no se avengan a cumplirlo. Así, cabe considerar que el cambio de discurso del Gobierno de Mariano Rajoy no surge de una mejor disposición hacia el drama, ni siquiera de un repentino descubrimiento de los principios éticos que se les han echado en falta hasta ahora, sino de la asunción de la obligatoriedad y las consecuencias impuestas por la UE, que acepta asumir a su vez un coste de 6.000 euros por refugiado. Prueba evidente de ello es que, mientras desde otros niveles institucionales se trata de encauzar la recepción de los refugiados, el Gobierno Rajoy sigue sin facilitar plan ni proyecto propio alguno, ni supuestos de reparto por comunidades autónomas, pese a que las cifras estimadas de recepción de refugiados por el Estado -finalmente, 17.680- se conocían desde hace días. Es por tanto nítido el contraste entre la disposición de las instituciones vascas que, lideradas por el Gobierno de Iñigo Urkullu, iniciaron ayer las labores de coordinación para acoger en Euskadi a 1.000 refugiados, 150 de ellos en Álava. En el ámbito local, al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación alavesa llevan ya una semana preparando sus recursos sociales y trabajando estrechamente de la mano de varias ONG como la Comisión de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja o Cáritas, protagonistas en la información que hoy publica DNA. Esta predisposición contrasta con la de un Gobierno Rajoy que se limitó ayer a respaldar a regañadientes en el Congreso de los Diputados una enmienda de la oposición para destinar una partida de 200 millones a la atención de un problema que, además, se mantendrá y extenderá mientras no se solucionen las causas que lo originan.