La violencia durante la celebración del aniversario de la muerte del joven Michael Brown por disparos policiales en Ferguson (Missouri) hace un año, que ha deparado varios heridos de bala y que otro joven negro, Tyrone Harris, presunto amigo de Brown, se halle en estado crítico tras un tiroteo con cuatro policías sin identificar; muestra una vez más la profundidad del irresuelto problema racial en Estados Unidos y su reflejo en las actuaciones policiales. No se trata de una apreciación poco fundamentada ni basada únicamente en los estallidos sociales recientes. Esa profundidad ha sido admitida por el propio presidente Barack Obama al reconocer la impotencia de la administración estadounidense para detener tanto el empleo masivo de armas de fuego como los episodios de violencia policial que han desatado protestas en Ferguson, Charleston, Baltimore... durante este último año. Por ejemplo, según un estudio realizado por Human Right Watch, el 78% de las quejas contra la Policía de Nueva York las presentan ciudadanos afroamericanos y latinos, que suponen sin embargo el 53% de la población; y en el mismo Ferguson, el 86% de los vehículos detenidos por un agente de Policía es conducido por afroamericanos pese a que dicha etnia, aun mayoritaria, representa únicamente el 67% de los habitantes. Con el agravante de que a consecuencia de la actuación policial un negro tiene seis veces más posibilidades de acabar en prisión que un blanco. Así, de los 2,5 millones de reclusos en EEUU, la población carcelaria afroamericana supone el 41% en las prisiones estatales y el 44% en las penitenciarías federales pese a que no alcanzan el 14% de la población estadounidense en libertad. Son datos que, cuando menos, revelan un desequilibrio en la actuación de los diferentes cuerpos policiales que actúan en Estados Unidos y que, según el propio FBI, causan alrededor de medio millar de muertes anuales, de las que casi un tercio afecta a afroamericanos. Y a ese desequilibrio se añade además la falta de interés en el esclarecimiento de esas muertes y en la exigencia de responsabilidades por las mismas -se han investigado poco más de una veintena de casos en una década y sólo en tres de ellos se halló culpables a los agentes-, que está en la raíz de las protestas que se suceden y repiten en ciudades con fuerte presencia de la comunidad afroamericana.