la investigación judicial de la operación Púnica, la trama de corrupción que salpica a dirigentes y cargos del PP fundamentalmente de Madrid y la Comunidad Valenciana, ha desvelado un escandaloso entramado criminal de compra de voluntades y favores de políticos y funcionarios a cambio de millonarias comisiones pagadas con dinero público. Se trata de la enésima trama corrupta que ha albergado en su seno el PP mediante una red dedicada al tráfico de influencias, la prevaricación, el cohecho y la malversación de fondos, según se desprende de las investigaciones conocidas tras el levantamiento del secreto de sumario por parte del juez instructor Eloy Velasco. Ya se intuía la gravedad de los hechos cuando se tuvieron los primeros indicios de la trama, que llevaron a la detención en 2014 de Francisco Granados, número dos en el PP madrileño y en el Gobierno de Esperanza Aguirre, y su socio y supuesto cerebro del entramado, David Marjaliza, ambos aún en prisión. Pero los detalles, además de algunos aspectos realmente cutres, han desvelado una red con muchos y poderosos resortes políticos y económicos, extendida mucho más allá de Madrid capital y comunidad y que impacta por su corrupta simplicidad y por la impunidad con que se manejaba durante años. Sobre todo, porque no se trata de casos antiguos o de viejos hábitos supuestamente ya desterrados por Mariano Rajoy y los suyos. Púnica tenía la intención de financiar de manera irregular la campaña electoral del PP en la Comunidad Valenciana en las pasadas elecciones municipales de hace dos meses, a cambio de contratos públicos en los municipios de Calpe y Elche. A ello se unen trabajos contratados por la exalcaldesa de Madrid Ana Botella a través del exministro valenciano Eduardo Zaplana; a ganancias millonarias en bolsa gracias a la obtención de información privilegiada; facturaciones por contratos para la Comunidad de Madrid, las diputaciones de León y Alicante, los ayuntamientos de Valencia, Castellón, Majadahonda y Coslada, Gandía, Denia, Benissa, Villajoyosa y Cartagena. Un escándalo en toda regla que implica directamente al PP y desmiente de arriba abajo las presuntas medidas tomadas por los populares para hacer frente a la corrupción en sus filas. Un nuevo caso que, a buen seguro, no sea el último.
