La crítica de la Comisión del Pacto de Toledo a la pretensión del Gobierno Rajoy de financiar el Plan de Apoyo a la Familia y la creación de un complemento a la pensión de las mujeres con dos hijos que se jubilen a partir de 2016 vuelve a traer a la palestra las extralimitaciones del Ejecutivo español en la utilización del Sistema de Seguridad Social. Una utilización que afecta a los vascos en cuanto que se mantiene por el gobierno del Estado el incumplimiento de la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Gernika, que atribuye a Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El mero hecho de que patronales y sindicatos coincidan no ya en la inoportunidad de la medida sino incluso en la ineficacia de la misma para los fines que se pretenden -aumento de la natalidad y fomento de la igualdad salarial entre mujeres y hombres- evidencia hasta qué punto la deficiente reforma del sistema emprendida por el Gobierno del PP hace dos años ha permitido una laxitud en los límites de la utilización de los ingresos por cotizaciones que aumentan el ya cierto riesgo de sostenibilidad del sistema público. Las cifras hablan por sí solas: desde 2011 a 2014, según el último informe presentado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el fondo de las pensiones ha pasado de los 66.815 millones de euros a los 41.634 millones, 25.181 millones menos que no son ajenos a la supresión del tope de retirada de dinero del fondo -hasta 2012, el 3% del gasto anual de pensiones, en torno a 3.000 millones anuales- hasta superar en tres años los 34.000 millones, solo en parte compensados por los rendimientos generados por las inversiones del fondo y por los 5.350 millones del superávit del fondo de prevención y rehabilitación, lo que eleva la reducción de la hucha de las pensiones por encima del rendimiento generado por las inversiones del fondo (en torno a 22.000 millones) a lo largo de sus catorce años largos de existencia. Con el agravante del riesgo añadido que supone la desinversión del fondo en deudas soberanas de otros países para dejar prácticamente el 100% de esa inversión en deuda pública del Tesoro español. Porque todo ello permite deducir que el Gobierno Rajoy prima las necesidades de paliar el déficit público y cubrir las necesidades presupuestarias a la garantía del pensionista, lo que agrava las ya evidentes amenazas que la demografía y el desempleo colocan sobre el sistema de pensiones.
