La filtración, desde la Hacienda estatal, del cobro por parte del exministro Federico Trillo y el diputado Vicente Martínez Pujalte de supuestos trabajos de asesoramiento para una constructora que contrató con la Administración Pública -asesoramiento que ambos no han negado- abre otro frente en la ya indefendible situación del Partido Popular debido a los innumerables casos que, desde sus filas, han vulnerado la más elemental ética política y la legalidad vigente. Con dos de cada tres ministros de las dos legislaturas de Aznar citados en alguno de los numerosos sumarios por corrupción que afectan al PP, incluido el propio presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy; sus tres tesoreros imputados y la constatación sumarial por el juez Pablo Ruz de la existencia de una contabilidad B y sobresueldos opacos en la formación popular, la ya más que cuestionable preponderancia de la legalidad sobre la ética que pretendía ayer Pujalte se antoja un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. No en vano esa presunta legalidad que se esgrime ahora tras haber sido ignorada tantas veces es también perfectamente cuestionable en este caso en virtud de una lectura estricta de la misma. Así, el art. 159.2.b de la Ley Electoral veta “el desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios” en compañías que se dediquen a “obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal”. Y si a continuación (art. 159.3.c) abre la salvedad a la autorización de las actividades por el Congreso o el Senado, lo hace solo respecto a “las actividades privadas distintas de las recogidas en el apartado 2”. Se puede deducir, por tanto, que o bien Trillo y Pujalte ocultaron en su declaración de actividades al Congreso la realidad de sus labores como abogado y economista que incluían el asesoramiento al menos a la citada constructora, o bien la Comisión de Incompatibilidades nunca debió permitir dicha actividad... o ambas cosas. Y, en todo caso, más allá de disquisiciones sobre la letra, significado y alcance de la ley, es evidente que la podredumbre moral que ha anidado en el PP exige una drástica regeneración que lleva obligatoriamente a su alejamiento de las responsabilidades públicas. Si no es por propia decisión, por el mandato imperativo de los ciudadanos.