el ministro José Ignacio Wert parece tener prisa para dejar atado en esta misma legislatura todo el marco normativo -la Lomce y ahora el decreto de evaluaciones- de la gran misión que tiene asignada en el Gobierno de impregnar de sus presupuestos ideológicos y pedagógicos ultraconservadores todo el sistema educativo español, pasando incluso el rodillo por encima de las especificidades catalana o vasca. Y si la aprobación de la controvertida Lomce se topó, en todo su proceso de debate social y parlamentario, con la firme oposición de toda la comunidad educativa y de todo el arco político a excepción de la derecha, el borrador del decreto que la desarrolla vino a encontrarse ayer, de partida, con el plante de los consejeros de Educación de Andalucía, Asturias, Canarias, Catalunya y Euskadi; es decir, todas aquellas comunidades donde no gobierna el PP, que se levantaron al unísono de la reunión con el ministro. La normativa que regulará las evaluaciones de Primaria, la ESO y Bachiller, que establece reválidas selectivas al final de cada ciclo -lo que rompe con la evaluación continua y facilita la exclusión de alumnos del sistema educativo- y que fijará los restrictivos baremos de acceso a becas -lo que discrimina por nivel de renta- ha sido presentada además como un trágala, sin atisbo de negociación o planteamiento previo con el sector de la enseñanza o con las comunidades autónomas. En este sentido, el rechazo unánime de cinco consejeros -de tres siglas diferentes, entre PSOE, PNV y CiU- resultó ayer especialmente significativo, volviendo a dejar al PP solo. “Nos negamos a asistir como meros espectadores al continuo desprecio al profesorado y a la devaluación constante de las competencias de la autonomía que persigue la Lomce”, manifestaron ayer en su comunicado conjunto, en un tono contundente ante los planes de Wert, los responsables educativos de las cinco comunidades que se han plantado. Y es que este decreto supone un reflejo más del transfondo uniformizador y hasta reaccionario que ha inspirado la política educativa del Gobierno de Mariano Rajoy, que entre sus objetivos se propone frenar las tendencias pedagógicas más avanzadas e inclusivas, suprimir las fórmulas de autonomía y cogestión en los centros escolares o laminar las especificidades competenciales de las comunidades históricas.
