EL procesamiento en la Audiencia Nacional de once militares y altos cargos marroquíes acusados de genocidio en el Sahara debería ser el primer paso para poner fin a la ocupación ilegal por Marruecos y el inicio la persecución internacional contra los responsables de la violenta represión y el régimen de colonización y violencia que dura ya 40 años. Los hechos que se imputan en el sumario abordan delitos cometidos entre 1975 y 1992, pero conforman sólo una pequeña parte de la larga lista de violaciones de los derechos políticos del pueblo saharaui y un mínimo ejemplo de las violaciones de derechos humanos que la dinastía alauita del actual Mohamed VI -y antes de su padre Hassan II- ha practicado de forma sistemática también después de ese periodo. El Gobierno de Rabat mantiene un régimen de terror en las zonas ocupadas, obliga a vivir en el desierto como refugiados a doscientos mil saharauis, practica sistemáticamente la tortura y la violencia y utiliza la colonización masiva para modificar la realidad cultural y social del Sahara. Ni España, ni Francia, ni EEUU, las potencias occidentales de mayor relación con el conflicto, han estado a la altura mínima exigible en la defensa de la ética democrática, de los derechos humanos y del derecho internacional, aceptando someter los derechos democráticos y políticos de miles de saharauis a la imposición de los intereses económicos y geopolíticos que utiliza el régimen de Rabat. En concreto, el Estado español, máximo responsable de la situación como potencia colonizadora y teórico garante de la devolución de sus territorios a los saharauis, ha extendido su abandono hasta hoy, anteponiendo de forma obscena sus intereses comerciales a los derechos más elementales, responsabilidad en la que el auto del juez Ruz no se detiene. Sin embargo, la actuación judicial, de dudoso recorrido efectivo, logra al menos volver a situar en la agenda internacional el conflicto del Sahara y el expolio económico y natural de sus fosfatos, sus bancos de pesca y su petróleo en la frontera con Argelia, repetidamente denunciados ante y por la ONU, también culpable por omisión del incumplimiento de los acuerdos internacionales que, desde 1981, plantearon un referendo de autodeterminación como vía democrática de solución a uno de los últimos procesos de descolonización pendientes en el siglo XXI.