El escrito de defensa presentado al Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca por Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin y de Cristina de Borbón en el entramado que ha dado lugar al denominado caso Nóos, vuelve a incidir, a través del extensísimo material aportado -más de 1.500 documentos- en una mucho más que pretendida relación directa de la Casa Real española con la planificación, preparación y desarrollo de los negocios que han llevado al cuñado del rey Felipe VI al banquillo de los acusados. Cierto es que la extensión de las responsabilidades a las más altas esferas del Estado y la solicitud para que comparezcan en calidad de testigos hasta 689 personas, entre las que se incluyen figuras públicas de la política y el deporte, con el fin de prolongar el proceso y darle una dimensión pública que la Casa Real no desea, forma parte de la estrategia de defensa desarrollada por Diego Torres y, en este caso, por su abogado Manuel González Peeters. Pero pretender, a estas alturas, restar relevancia a la participación en Nóos y Aizoon de Carlos García Revenga, secretario de las infantas Cristina y Elena y hombre de confianza del anterior monarca, Juan Carlos I; así como la intervención en determinados asuntos relacionados con Nóos del entonces Jefe de la Casa Real, Alberto Aza; ignorar las consultas al conde de Fontao, a quien el padre del actual rey encargó asesorar a Urdangarin con el fin de que pudiera eludir responsabilidades; u obviar la intermediación de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amistad muy personal de Juan Carlos I tanto en la preparación de eventos del Instituto Nóos (como Valencia Summit) o en la pretensión de que se concediera a Urdangarin la presidencia de la Fundación Laureus en el Estado; solo puede entenderse como un intento de preservar al monarca emérito de toda responsabilidad para, de ese modo, proteger a su Casa Real y a su sucesor en el trono -y con él a la propia monarquía- ante un escándalo que, además y según los documentos aportados por Torres, añade a la malversación de fondos públicos, la utilización de posición e información privilegiada en determinadas operaciones financieras o la utilización de recursos de la administración para fines privados. Todo ello sin olvidar las relaciones del caso con las comunidades, Baleares y Valencia, más afectadas por el sistema de corrupción que ha rodeado durante más de una década al Partido Popular.
