la aprobación ayer por el Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy de un decreto que modifica la polémica Ley de Tasas Judiciales, que a partir de ahora no se exigirán a las personas físicas, no debe obviar las consecuencias que, desde su aprobación en noviembre de 2012 -impulsada por el anterior y dimitido ministro Alberto Ruiz Gallardón- ha tenido en los principios constitucionales del derecho a la tutela efectiva y de igualdad ante la ley. Los recursos, aún pendientes de resolver, presentados ante el Tribunal Constitucional por una sala de la Audiencia Nacional, profesionales de la Justicia, los gobiernos de Andalucía y Catalunya o los partidos de la oposición así lo atestiguan y ayer mismo lo reconoció incluso el propio ministro Rafael Catalá. Esta modificación tampoco debe llevar a ignorar los efectos que, pese a todo, aún pudiera tener en casos concretos como el de las pymes. De hecho, la reducción desde entonces del número de pleitos y recursos es evidente en el ámbito de las sentencias judiciales en casos de despido laboral -con un descenso en torno al 30%- y el consiguiente quebranto de los derechos de aquellas personas a las que su situación económica no ha permitido, durante estos dos largos años, abonar las tasas preceptivas para poder apelar al amparo de la justicia. Pero, además, la supresión de las tasas judiciales a particulares tampoco debe ocultar la aprobación ayer mismo por el Gobierno Rajoy de otra reforma no menos relevante en el ámbito de la justicia, como es el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que no se ha desprendido del tufo jerarquizante y controlador que contenía el anteproyecto original presentado por Gallardón. La reforma, por un lado, sigue coartando la capacidad de la justicia española para actuar en el extranjero, lo que limita el concepto de justicia universal e incumple las obligaciones estipuladas en los tratados internacionales. Por otro lado, el proyecto presentado pretende centralizar y reducir los partidos judiciales y, en este sentido, deja la puerta abierta a la posibilidad de que los juzgados especializados tengan ámbito provincial, eliminando circunscripciones territoriales de ámbito inferior y de naturaleza más cercana a la calle, lo que podría provocar nuevas limitaciones de acceso a la justicia por parte del ciudadano.
