Durante los últimos días se han celebrado diversos actos en conmemoración, homenaje y me-moria de víctimas del terrorismo como Fernando Buesa y Jorge Díez -de cuyo asesinato se cumplieron ayer quince años-, así como de Enrique Casas y del atentado contra José Ramón Recalde. Aunque incomprensiblemente más olvidadas en la memoria colectiva, también ayer fue el aniversario del asesinato por parte de ETA de dos trabajadores, Josu Leonet y José Ángel Santos, que perdieron la vida en un atentado que inicialmente iba dirigido contra el concejal socialista Iñaki Dubrueil. En estos homenajes -y también en un acto en favor de la reconciliación celebrado el sábado en Gernika con participación de varias víctimas- ha habido un denominador común, además del mero reconocimiento o recuerdo a los afectados por el terror: la exigencia, contundente en todos los casos, de una reflexión crítica y de un reconocimiento explícito del daño causado por parte de quienes ejercieron y ampararon -cuando no aplaudieron y jalearon- la violencia. “Necesitamos que haya un discurso público unánime, una sola voz, que deslegitime por completo el terrorismo”, afirmó Sara Buesa, hija del portavoz socialista asesinado, quien también exigió “que se reconozca públicamente el daño injusto que se ha causado”. Un mensaje que coincidía plenamente con el lanzado un día después por el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien indicó que quienes ejercieron la violencia y quienes la ampararon tienen una “deuda política” con la sociedad vasca, por lo que les instó a reconocer la injusticia de esas muertes. La izquierda abertzale -a la que, evidentemente, iban dirigidas estas peticiones- sigue, sin embargo, sin afrontar esa reflexión crítica, o al menos a hacerla pública, que a los efectos es lo mismo. Atrincherados en su vano intento de diluir responsabilidades a fuerza de repartir culpas en torno al “conflicto”, quienes apoyaron las acciones de ETA siguen sin dar el paso que la ciudadanía exige. Pero esa autocrítica es necesaria por cuanto, como afirmó Urkullu, supone una deuda que aún mantienen con la sociedad vasca y, en tanto que tal, es condición sine qua non para alcanzar cualquier acuerdo. Simplemente necesitan la misma contundencia y similar lenguaje que el que emplean, por ejemplo, para denunciar la vulneración de derechos de los presos.