aquella fotografía de enero de 2012 en Bruselas de José Manuel Durão Barroso, a la sazón presidente de la Comisión Europea, junto a los mandatarios alaveses Javier de Andrés y Javier Maroto montados en el prototipo del Hiriko, un gesto que repetirían poco después en Zamudio el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el líder del PP Antonio Basagoiti, así como el apoyo económico del Gobierno de Patxi López y el empuje político del PNV, resulta ilustrativo de hasta qué punto el coche eléctrico alavés contaba con un arrope institucional inusual y unánime. Hiriko representaba un proyecto de I+D extraordinariamente ambicioso, llamado a desarrollar el primer coche verde con know how tecnológico vasco -y una amplia red de proveedores radicados en Euskadi- y a revolucionar la movilidad urbana sostenible. La apuesta, como todos los grandes proyectos de I+D, precisó de una importante inyección pública de unos 17 millones de euros, entre los 15 millones que puso Madrid bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero -en virtud de su pacto presupuestario con el PNV- y los 2 millones restantes que comprometió el Gobierno López. Pero como todas las grandes empresas de investigación tecnológica, contaba evidentemente con sus riesgos. Por diferentes razones, el proyecto resultó un fiasco -como avanzara DNA ya en febrero de 2013 con un reportaje titulado ¿Ahora qué, Hiriko?- y posteriormente se ha podido comprobar que -como dijera Napoleón Bonaparte- “la victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana”. Pero una cosa es que una apuesta en la I+D vasca resulte fallida o la responsabilidad política “por no haber apreciado los riesgos” en la concesión de subvenciones -como dictaminó la comisión del Parlamento Vasco- y otra muy diferente, los posibles delitos de malversación de fondos públicos o blanqueo de capital que el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, atribuye ahora a varios impulsores empresariales de Hiriko. La firma Afypaida -matriz del coche eléctrico- está obligada a aclarar el destino y uso de todos los fondos públicos que recibió y, aunque el juzgado haya desestimado una querella de EH Bildu que buscaba tres pies al gato, la investigación de oficio debe ser exhaustiva para que el caso no se quede en otra instrucción fiscal que se pierde en el limbo.
