la publicación, aún de forma dosificada, de los evasores fiscales que forman parte de la llamada lista Falciani -en referencia al ingeniero informático de la sucursal suiza del HSBC que hizo saltar por los aires el sacrosanto secreto bancario al filtrar miles de números de cuentas de fondos de dudoso origen- muestra la cruda realidad del blanqueo de dinero. Según esa lista, 2.694 ciudadanos españoles han utilizado los recursos opacos de los paraísos fiscales y del fraude tributario para eludir a Hacienda. Son banqueros, deportistas, mafiosos, traficantes de todo tipo, empresarios, políticos y demás miembros de las élites españolas que, una vez conocida la información de la filtración de Hervé Falciani, se apresuraron a pactar con el ministro Cristóbal Montoro un pago reducido de sus obligaciones fiscales al amparo de la indigna amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del PP para intentar encubrir semejante escándalo. Aquella concesión a los defraudadores del pago del 10% de la cuantía evadida para regularizar el blanqueo continuado sin intereses, recargos, sanciones o imputaciones penales convive fatal con las sumas desembolsadas por quienes, a cuenta de su nómina, cumplen religiosamente con sus obligaciones tributarias, que son la inmensa mayoría de las rentas de trabajo, clases medias, autónomos, comerciantes y pymes. En una economía globalizada y transfronteriza, el blanqueo de dinero genera unas pérdidas recaudatorias de entre 190.000 y 280.000 millones de dólares, según el cálculo de Tax Justice Network, una ONG que vigila cuánto dinero se pierde por el desagüe del medio centenar de paraísos fiscales que todavía operan en el mundo impunemente. Si bien las estimaciones no son muy fiables, entre un 18% y un 25% de la economía se oculta al fisco de una u otra manera. El cálculo más conocido es del profesor austríaco Friedrich Schneider, experto en economía sumergida, que en 2013 cifró el fraude en el Estado español en un 18,6%, que podrían ser entre 70.000 y 80.000 millones de euros de recaudación perdida. Y sin olvidar que la economía sumergida en el Estado español asciende a 245.000 millones de euros, el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de Alemania o Francia. Esta realidad evidencia una inmensa estafa a la sociedad y una evidente dejación de funciones fiscales y judiciales de los responsables políticos.