la declaración aprobada ayer por el Pleno del Parlamento Vasco con los votos de PNV y PSE, por la que la Cámara vasca demanda la adecuación del depliegue y actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado a la legalidad competencial vigente en Euskadi y a la proporcionalidad adecuada de medios y actividad, responde a una exigencia de amplísimo respaldo social que ya fue planteada hace ahora dos años por la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. La propia legalidad que emana del Estatuto de Gernika exige la reconsideración por parte del Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz no ya del número de efectivos que las FSE mantienen en territorio vasco tres años después del cese definitivo de la violencia de ETA -que también, dado que estabiliza un ratio de 6,9 policías por cada mil habitantes, el más alto de Europa-, sino de la presencia de agentes en la calle, de su actitud y de los operativos policiales que interfieren en la normalidad cotidiana de la sociedad vasca, ya que según datos del Departamento vasco de Seguridad, solo la Guardia Civil realizó el pasado año en la CAV un total de 2.750 controles, lo que da una media de más de siete al día. Si el artículo 17 del Estatuto otorga la competencia de seguridad y orden público a las instituciones vascas y reserva a las FSE “servicios extracomunitarios” que únicamente pueden excederse “a requerimiento del Gobierno vasco” o, en todo caso, “cuando el interés general del Estado esté gravemente comprometido”, también señala que en este último supuesto es imprescindible la aprobación de la Junta de Seguridad. Éste es precisamente el órgano paritario de representates de la CAV y del Estado que coordina y debe adecuar al carácter de política integral de la Ertzaintza la presencia de las FSE en Euskadi. Y no es sino la reticencia a adecuar ese despliegue -especialmente de la Guardia Civil- a la legalidad y a las necesidades y exigencias reales de la sociedad vasca la que explica la resistencia del ministerio español a convocar la Junta de Seguridad, como quedó en evidencia en la reunión mantenida hace un año entre Beltrán de Heredia y Fernández Díaz. También la que lleva a exagerar la innecesaria presencia de las FSE en Euskadi y a mantener un gasto inusitado en seguridad que supera los 5.000 millones de euros anuales.