en otro momento de fuerte presión social y mediática de la derecha, el Gobierno de Zapatero buscó en su día la forma de evitar como fuera -aun retorciendo la ley- la excarcelación de cualquier preso de ETA que hubiera cumplido su condena. Para ello forzó a la judicatura a sacarse de la manga la doctrina Parot, que inventaba una forma alternativa de contabilizar las penas y permitía suprimir, de forma retroactiva, los beneficios penitenciarios del Código Penal anterior a la reforma de 1995. Prolongó así artificialmente la permanencia en la cárcel de medio centenar de presos de ETA. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio un varapalo al Gobierno español en octubre de 2013 al anular tal retorcimiento jurídico y poner en evidencia la torticera manipulación política de la legislación penitenciaria. Pues bien, la historia parece empeñada en querer repetirse. El Tribunal Supremo volvió ayer a prolongar artificialmente las penas de los presos de ETA para evitar las excarcelaciones dictadas por la Audiencia Nacional de aquellos que hubieran cumplido su condena. La Sala de lo Penal del alto tribunal, tras aplazar su decisión en diciembre, acordó finalmente ayer -en vísperas de la manifestación de la ultraderechista AVT- no atender a la Decisión Marco europea sobre la computación de las penas cumplidas en cárceles de otros Estados de la Unión y prolongar así la prisión de los reclusos de ETA, al no descontarles los años de encarcelamiento en Francia. No ha tenido fácil el Supremo dictaminar esta nueva argucia jurídica, como evidencia el tenso debate que mantuvo en diciembre -lo que provocó entonces las protestas de varios magistrados de su Sala de lo Penal por las injerencias del Gobierno del PP, en un pronunciamiento sin precedentes ante las presiones políticas- y la votación que se produjo en la sesión de ayer, en la que nueve jueces avalaron el alargamiento forzado de las condenas frente a seis que fueron partidarios de estimar el recurso de Kepa Pikabea. El impulso político del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha vuelto a pesar en la resolución del Supremo más que la propia legislación penitenciaria europea. Aunque, al repetirse la historia de la doctrina Parot, está por ver si el Gobierno del PP no vuelve a chocar otra vez con el Tribunal de Estrasburgo y con las propias bases del Estado de Derecho.