la doble apelación realizada ayer en el Parlamento Vasco por el lehendakari Iñigo Urkullu tanto a Bildu como al Gobierno de Mariano Rajoy resume la necesidad existente en la sociedad vasca de mirar hacia un futuro de paz sólida y convivencia asentada desde la revisión, aclaración y reconocimiento del dramático pasado que este país ha tenido que soportar. En este sentido, la espera que Urkullu verbalizó hacia Bildu, que no es sino la esperanza de una admisión clara y efectiva de los errores cometidos durante décadas de connivencia con las actitudes violentas, también es una exigencia de poner fin a lo que, desde la izquierda abertzale histórica se denominan consecuencias del conflicto, por cuanto no son sino eso mismo las situaciones de aquellos familiares de víctimas de atentados que aún no han sido esclarecidos. Atentados que el recientemente presentado Informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014 cifra en 220, de los que 197 habrían sido presuntamente cometidos por ETA. Sin embargo, y sin afán alguno de equiparación o equidistancia, esa misma exigencia es trasladable a Madrid, y de forma más concreta al Ministerio del Interior, como heredero de aquellos otros gobiernos -y de sus responsabilidades- bajo cuyo mandato y en el supuesto marco de una lucha contra el terrorismo se conculcaron leyes y derechos fundamentales, incluyendo una veintena de muertes aún sin esclarecer. Entre otros motivos, porque esas cifras indican que no se ha establecido fehacientemente la autoría y móvil de una quinta parte de las 1.004 muertes provocadas por la violencia en Euskadi -aproximadamente el 23% de los atentados atribuidos a ETA y el 31% de los que se atribuyen a grupos parapoliciales y de extrema derecha- durante 54 largos años, con el consiguiente y dramático efecto sobre las familias y allegados de las víctimas. No es otra cosa lo que se ha venido realizando en otros países que han atravesado por situaciones similares y lo que, precisamente, apuntaba hace casi una década la Organización de Naciones Unidas como obligación de las administraciones públicas al asumir el cumplimiento de los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.