la decisión de la Audiencia de Palma de mantener la imputación de la infanta Cristina de Borbón -hermana del actual rey Felipe VI- por dos delitos fiscales y, por el contrario, de no considerar los argumentos del juez José Castro para hacer lo propio por un delito de blanqueo de capitales continúa el intrincado recorrido legal con el que se pretende minorar ante la opinión pública las censurables actuaciones cometidas en el seno de la Casa Real y evitar a la monarquía española la pena de banquillo que en tantas ocasiones ha utilizado la justicia española. En cualquier caso, es mucho más probable de conseguir el objetivo de que la infanta no se siente entre los acusados que evitar la condena social, pues la opinión pública ya ha juzgado y sentenciado como parte del pútrido sistema de poderes del Estado español las corruptelas y abusos de autoridad que la Casa Real y su entorno, empezando por el anterior monarca, han protagonizado con el lucro personal como objetivo. Este juicio y sentencia, además, no son ajenos a la abdicación de Juan Carlos I en beneficio de su hijo. En cualquier caso, sin siquiera tratar de imputar delitos añadidos, el hecho de que Cristina de Borbón cometiera fraude fiscal, incumpliendo las obligaciones con Hacienda que tiene cualquier ciudadano, descalifica y desautoriza a la familia real y a toda la estructura de la monarquía española por cuanto, a ese nivel, un fraude de esa naturaleza sólo puede cometerse con el conocimiento y aquiescencia de los Borbón y de quienes con su confianza gestionan la economía de la Casa Real, también desde la impunidad con la que la institución regia ha venido actuando durante décadas. Quiere esto decir que, a pesar de la no imputación por blanqueo a la infanta Cristina -aun a pesar de que la argumentación del juez Castro presentaba consistencia y evidencias suficientes-, de que incluso no se considere delito el fraude fiscal cometido porque se logre situar el montante por debajo del límite que establece la ley o de que se aplique la doctrina Botín para -en base a la no personación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado- evitar el procesamiento de la hermana del rey, no resta un ápice de ignominia a una actuación vergonzante que, a pesar de todo, la monarquía española pretende paliar en el denodado esfuerzo de crearse otra imagen con sus nuevos monarcas.
