el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa personifica el colmo de la desfachatez y la desvergüenza de toda una época. No sólo por la juerga que supuso su forma de dirigir la entidad al amparo de los amiguismos de la era del aznarato, por su irresponsabilidad como gestor al dilapidar la caja madrileña o por la inmoralidad de los caprichosos e indecentes gastos de las tarjetas black acometidos entre una cuadrilla de consejeros. Sino que incluso ayer mismo, Blesa pretendía que sea el seguro de responsabilidad civil suscrito por la propia entidad financiera el que se haga cargo de la fianza de 16 millones de euros que le ha impuesto el juez Fernando Andreu, mientras que el expresidente de Bankia Rodrigo Rato también intentó regatear los 3 millones que le corresponde depositar a él. El juez instructor de la Audiencia Nacional imputa a ambos la comisión de un delito de administración desleal -con una pena de hasta 4 años de cárcel- porque habrían “consentido, aceptado y propiciado” el uso indebido de los fondos de Caja Madrid y Bankia a través de las tarjetas black. El magistrado, sin embargo, no usa el verbo organizar y mantiene abierta la instrucción ante la remota esperanza de atribuir esa responsabilidad a alguien. Algo que, sin embargo, no se antojaría tan difícil por cuanto sólo tres personas con anterioridad a Rato y Blesa presidieron Caja Madrid. Ahora bien, si lo que el juez pretende es probar únicamente el consentimiento y aceptación de una administración desleal, cabría ampliar la responsabilidad incluso más allá de la propia estructura de la entidad bancaria. Y es que competían al Ministerio de Economía y Hacienda -también del dirigido por el propio Rato- y al Banco de España el control de las actividades de Caja Madrid. ¿Cabe presumir que el Gobierno de José Mª Aznar, que situó a su amigo y compañero de promoción en la presidencia de Caja Madrid desconocía sus actividades? ¿Cabría extender la imputación de administración desleal a quienes consintieron, aceptaron y propiciaron los desmanes y provocaron luego un uso indebido de fondos públicos en el rescate de entidades malversadas por sus directivos? No se trata de que Blesa devuelva 16 millones de euros o que Rato ponga 3, sino de que todos los responsables de la voladura del sistema financiero respondan penalmente por sus desmanes.
