vitoria-Gasteiz tiene ante sí, una vez culminada su gran transformación de los años 90, el ambicioso reto de debatir y perfilar las bases de su modelo de ciudad para las próximas décadas, tanto en su expansión urbanística como en la vertebración social o su proyección como capital de Euskadi. La proximidad de las elecciones municipales es un buen momento para acometer esta reflexión y el debate pendiente sobre la renovación del Plan General de Ordenación Urbana es una herramienta importante en este tablero. Sin embargo, el equipo de gobierno del PP lleva tres años esquivando la engorrosa discusión del PGOU -para desesperación de la comisión-, en parte porque le obliga a pensar o porque a este gris trabajo gris no le ve ninguna rentabilidad electoral. En lugar de eso, el alcalde Javier Maroto ha preferido azuzar el debate sobre las ayudas sociales a los inmigrantes y la necesidad de recortar la RGI. Esta misma semana, durante su cita con Iñigo Urkullu, en lugar de centrarse en los proyectos de ciudad en los que está comprometido el Gobierno Vasco -ampliación del tranvía, financiación de la nueva estación de autobuses o la apuesta por los centros formativos-, el alcalde se sacó de la manga para poner sobre la mesa del lehendakari, de sopetón y sin previo aviso, su intención de impulsar una Iniciativa Legislativa Popular para restringir la RGI. Aparte de pervertir el espíritu de la ILP -una figura concebida para que las propuestas de la sociedad civil puedan acceder directamente al Parlamento y no para que la utilicen como arma los propios parlamentarios- con esa apelación rimbombante a la fuerza de la calle, Maroto está jugando con fuego en su discurso de estos últimos meses, hasta el punto de que puede llegar a volverse contra él. Así lo han puesto de manifiesto el presidente del Consejo Social, Miguel Ángel Ruiz; el director de Cáritas, Santos Gil; el coordinador de Cruz Roja, Aitor Allende; o la portavoz de CEAR Euskadi en Araba, Rosabel Argote, en las sucesivas entrevistas que DNA ha ido publicando esta semana. Es verdad que la retórica populista sobre los inmigrantes ofrece suculentos réditos electorales, como bien lo pudo comprobar Marine Le Pen en las últimas elecciones europeas. La diferencia es que la líder ultraderechista francesa no tiene la responsabilidad de diseñar un modelo de ciudad.