la presentación por parte de la Abogacía General del Estado de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la Oferta Pública de Empleo de 120 nuevas plazas en la Ertzain-tza supone el enésimo ataque del Gobierno de Mariano Rajoy a las capacidades de autogobierno contempladas en el Estatuto de Gernika y asentadas además en la práctica jurídica y política durante décadas. Como anteriormente ha pretendido con invasiones competenciales en otros ámbitos esenciales de autogobierno como la Sanidad o la Educación, y de nuevo con la pretendida excusa de la crisis y la lucha contra un déficit público al que la Comunidad Autónoma Vasca no ha contribuido, el Gobierno español esgrime en este caso las limitaciones establecidas por la normativa básica a la reposición de empleados públicos en el Estado para arremeter contra el Estatuto vasco. Para hacerlo, la Abogacía del Estado pretende obviar que la competencia en Seguridad forma parte del “proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera”, como especifica el artí 17 del texto estatutario, por el que corresponde “a las instituciones del País Vasco, en la forma que se determina en este Estatuto, el régimen de la Policía Autónoma”. Y obvia asimismo el punto 4 de ese mismo artículo, por el que se sitúa en una “Junta de Seguridad formada, en número igual, por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma” la labor de coordinación entre la Ertzain-tza y las FSE, así como también que dicho órgano paritario acordó a finales de 2004 situar en 8.000 el número de efectivos necesarios en la Policía vasca. Dado que la pretensión del Departamento vasco de Seguridad con la OPE de 120 plazas es la de mantener esa cifra ante las perspectivas de jubilación que reducirían la plantilla de la Er-tzaintza a 7.500 agentes en 2016, el recurso del Gobierno español, que incluye la insensata petición de suspensión cautelar de una convocatoria ya en curso, sólo puede proceder del desconocimiento de la ley o, en su defecto, de un incumplimiento premeditado de la misma. Y en este caso su único fin sería el de socavar el autogobierno que aprobó y del que se dotó la sociedad vasca y profundizar en un evidente proceso de recentralización que el PP, sin embargo, niega.
