EL traslado por vía de urgencia al Congreso por el Gobierno español del Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Juan Carlos I para su tramitación y su posterior votación no logra hurtar el debate de fondo que, hoy agudizado, permanecía sin embargo latente respecto a la forma de gobierno del Estado español y la legitimidad o no de su monarquía. No es otro el motivo de que tanto la Corona española como el Gobierno del PP se hayan apresurado en los trámites de lo que pretenden una inmediata sucesión en la dinastía de los borbones y su traslación a la jefatura del Estado. Asegurada en estos momentos por la mayoría absoluta de que goza el Ejecutivo Rajoy, sería mucho más cuestionable en la siguiente legislatura ante la previsible perdida de mayoría absoluta, la constancia de las extremas dificultades internas de la segunda fuerza del bipartidismo constitucional, el PSOE, para explicar internamente y con congruencia su apoyo a un régimen monárquico, tal y como demuestran las numerosas voces contrarias que han surgido en su seno, y la ausencia de otros apoyos políticos, léase fuerzas de izquierda y nacionalistas. Entre estos últimos, la abstención anunciada por el PNV es coherente tanto con la postura que mantuvo hace casi cuatro décadas como con su tradición política republicana y con el hecho de que el debate sobre la monarquía española es ajeno a sus principios ideológicos. Por su parte, la izquierda abertzale presenta una sutil variación de planteamiento, su participación en la discusión, de la que se ausentó hace 39 años, aunque tampoco vaya a emitir voto alguno al respecto. En definitiva, transcurrido todo el reinado de Juan Carlos I, apenas nada, más allá de las momentáneas correlaciones de fuerzas, ha variado respecto al debate de fondo. De hecho, si la izquierda y las fuerzas nacionalistas -incluido el soberanismo catalán- consideran a la monarquía borbónica como una institución impuesta y ajena desde el punto de vista nacional y/o de los principios democráticos, no es sino consecuencia evidente de que PP y PSOE estén exactamente donde estaban hace cuarenta años, cancerberos de un Estado, el español, que no logra dar legimitidad al régimen monárquico surgido del franquismo ni ofrecer encaje a las aspiraciones nacionales que ya entonces distinguían a Catalunya y Euskadi.