la decisión judicial de archivar la causa económica que todavía restaba abierta en el caso Egunkaria, once años después de su cierre ilegal, debiera poner punto final y dar pie a un resarcimiento ante el cúmulo de despropósitos que ha sido esta operación político-judicial contra un medio de comunicación. Un año después de que la propia Audiencia Nacional absolviera en la vía penal a los siete imputados con una rotunda sentencia, que resultaba esclarecedora por su dureza contra la investigación policial y la instrucción llevada a cabo por el juez Juan del Olmo y que tildaba el cierre de Egunkaria como "injerencia en la libertad de prensa", la pieza económica que estaba aún pendiente por supuesta malversación de subvenciones públicas se archiva por la prescripción de los presuntos delitos -dado que no se ha podido mantener la acusación- y exime a los ocho imputados de cualquier responsabilidad. Han transcurrido once años de un calvario absurdo e injusto para los imputados, los propietarios y los trabajadores de Egunkaria que -como ocurriera también en el caso de Egin- se vieron envueltos en duras acusaciones, detenidos, incomunicados, denunciaron torturas -el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por no investigarlos- y perdieron sus bienes y trabajo. A día de hoy, ningún representante del Estado ha pedido perdón por aquel atropello contra la libertad de expresión y el derecho a la información a las personas implicadas, periodistas, accionistas y lectores. Y la demanda de indemnización por los daños sufridos está recurrida. Como si no hubiera ocurrido nada. Como si esas personas no hubieran sufrido un proceso judicial colectivo con sus consecuencias laborales, económicas y vitales sin que hubiera una sola prueba objetiva que avalase la causa. Se cerró Egunkaria únicamente porque resultaba un modelo periodístico incómodo para los sectores reaccionarios de la política española. El proceso se saltó todas las salvaguardas constitucionales y garantistas de un Estado de Derecho con consecuencias que no tienen vuelta atrás como la prisión de los encausados, el cierre de un periódico y el desprestigio intencionado del euskera. Pero nadie ha asumido responsabilidad penal, judicial o económica alguna por la vulneración de derechos y este escandaloso atropello.
