El debate político sobre los Presupuestos, ya en la elaboración de las cuentas pero sobre todo en su ejecución, es recurrente y descansa en el siempre difícil equilibrio a la hora de ponderar el capítulo de necesidades con el de posibilidades. Al respecto, el lehendakari Iñigo Urkullu ya avanzó -tanto cuando se vio forzado a la prórroga presupuestaria en el primer año de legislatura ante el bloqueo de la oposición, como al aprobar las Cuentas mediante un acuerdo con el PSE para este segundo- una máxima inalterable, la de no gastar más de lo que se tiene. Y esa máxima, comprensible desde la economía familiar, exige prudencia porque en el ejercicio de su labor el Gobierno debe conjugar aspectos diversos y en ocasiones incluso contradictorios. Así, la necesidad de no incrementar el endeudamiento de las cuentas públicas es evidente tras el crecimiento exponencial de la misma en la legislatura anterior, cuando el Gobierno socialista de Patxi López apoyado por el PP la aumentó en un 44% al hacerla pasar de 4.900 millones de euros en 2011 a 7.087 en 2013. Sólo el pago de los intereses de la misma ya condiciona la ejecución presupuestaria y limita sus posibilidades, especialmente cuando existe la convicción de la conveniencia de mantener la disciplina en el gasto por cuanto se pretende mantener el objetivo de déficit cero en el ejercicio en curso. Todo ello, sin embargo, contrasta con la necesidad de mantener, al mismo tiempo, el capítulo de inversiones que permitan un cierto impulso a la economía y especialmente al empleo y el alto nivel de prestaciones sociales que caracterizan a Euskadi sin alterar, como parte del compromiso político adquirido, los capítulos dedicados a sanidad y educación al tiempo que se responde a las exigencias sociales a través de las ayudas sociales y la renta de garantía. Y en ese sentido también cabe demandar de quienes ejercen la labor de control desde la oposición esa misma prudencia para no airear discursos exagerados que en nada contribuyen a la confianza y la estabilidad económica. Especialmente cuando la cautela que ha planteado el Gobierno a sus departamentos es contenida y tiene un origen razonado en una reducción de la recaudación respecto al mismo periodo del año anterior del 0,5%, afectada especialmente por una caída del 40% del Impuesto de Sociedades.