la apertura ayer de los trabajos de la ponencia del Parlamento Vasco sobre duplicidades con la presentación del Informe sobre el análisis y el funcionamiento institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi -aprobado por el Consejo de Gobierno hace un mes- pone sobre la mesa serios interrogantes sobre si es la búsqueda de la eficacia el verdadero motivo del cuestionamiento al que se ha venido sometiendo desde algunos ámbitos políticos al actual entramado institucional vasco. En primer lugar, el debate sobre las duplicidades en la CAV, planteado en octubre de 2011 por el Gobierno de Patxi López, se gestó con una raíz no exenta de ideología para cuestionar la especificidad foral, auténtico fundamento del autogobierno vasco -junto con Navarra- frente al régimen común del resto de las comunidades autónomas. Y también había un notorio interés económico de otorgar al entonces Gobierno socialista -en detrimento de las haciendas de las diputaciones- una mayor capacidad de actuación sobre la imposición y recaudación fiscal. El cuestionamiento de esa especificidad foral, además, coincidió con las supuestas renuncias de competencias -que aún están por concretarse- en otras comunidades autónomas y con el discurso recentralizador del Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora bien, tratar de justificar ese impulso en un supuesto coste añadido de las características del autogobierno vasco es una falacia que es desmentida reiteradamente por la realidad, tanto en lo económico como en cuanto al nivel de eficiencia. Los datos comparativos facilitados ayer por el portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, respecto al número de funcionarios o el gasto público en relación al PIB, así como el contraste del grado de satisfacción de la sociedad vasca con los servicios públicos que muestran reiteradamente las encuestas, parecen desaconsejar una reforma profunda. Y más cuando la estabilidad política e institucional es una base esencial para la recuperación económica. Cierto es que todo es susceptible de mejora, también el entramado institucional, pero el primer paso de dicha mejora sería, en todo caso, dotar a Euskadi de toda su capacidad de autogobierno y la racionalización inmediata de los gastos y servicios que el Estado mantiene innecesariamente en los territorios vascos.
