el Plan de Empleo que aprobó ayer el Gobierno de Iñigo Urkullu para los próximos tres años y que, en su globalidad, comprende la intención de crear 32.000 empleos con una aportación económica de 6.745 millones de euros, afronta en sus diversos aspectos -con 775 millones para programas de empleo, 3.840 medidas de reactivación y otros 1.860 en avales a las empresas- las prioridades sociopolíticas del país. Cuando los datos macroeconómicos parecen hacer sitio a un ápice de esperanza en la resolución de una crisis que en los últimos seis años ha venido atenazando el desarrollo del modelo social vasco, se antoja imprescindible trasladar este atisbo de bonanza a la economía real. Y para ello resulta necesaria la puesta en marcha, desde el ámbito público y la colaboración de la iniciativa privada, de los mecanismos necesarios para la reducción de la tasa de desempleo del 16%, y con especial énfasis en los grupos de población más castigados como los jóvenes, mujeres, parados de larga duración o personas en riesgo de exclusión. Esta prioridad en la creación de empleo debe ir vinculada necesariamente a la innovación e internacionalización del tejido industrial, el motor de la economía vasca. En el caso de Álava -cuya Diputación ha incorporado por fin en los Presupuestos de este año una apuesta por el empleo y la reactivación- se hace incluso más urgente el respaldo, desde una perspectiva más cercana, a la extensa red local de pymes, a su internacionalización, a la reorientación de la industria auxiliar de las grandes plantas o la potenciación complementaria de sectores emergentes en el sector primario, entre otros campos que han estado hasta ahora en el dique seco en la agenda del diputado general Javier de Andrés. Los propósitos señalados por el Plan vasco de Empleo son ciertamente ambiciosos para un periodo de apenas tres años, ya que 32.000 puestos de trabajo equivalen a un 20% de los 158.400 parados con que la CAV cerró el pasado ejercicio. Más cuando aún no se ha detenido la destrucción de empleo. Pero incluso en el caso de que estos objetivos se quedaran en la mitad de -como ocurriera en 2013 con los 8.000 nuevos puestos de los 12.700 previstos-, el reto merece el esfuerzo de blindar el plan y ampliar su consenso político y sociolaboral.