hace unos meses nos desayunamos con el escándalo, breve pero intenso, de la aparición de trazas de ADN de caballo en diferentes elaborados cárnicos como la lasaña o las albóndigas. No conviene dejar en el baúl del olvido que en el fondo de todo aquello estaban las martingalas que utilizan determinadas empresas cárnicas que, usando y reusando la subcontrata, en sus procesos de trabajo nadie es capaz de controlar la calidad de la última empresa subcontratada.

La cadena de subcontrataciones era tan larga y tan dispersa que detrás de una lasaña comercializada por una famosa multinacional se encontraba un producto que había pasado por cinco empresas de países diferentes y, en consecuencia, con legislaciones higiénico-sanitarias diferentes y con un seguimiento de calidad imposible de efectuar.

Tras el escándalo caballar, la Unión Europea adoptó una serie de decisiones, entre ellas la introducción de un etiquetado obligatorio del origen de las carnes en los productos transformados y el 17 de diciembre la Comisión Europea publicó su evaluación de los costes que supondría la aplicación de esta medida. El informe de la Comisión contempla tres alternativas para el etiquetado de origen para la carne utilizada como ingrediente, en función de tres posibles escenarios como mantener el etiquetado de origen de forma voluntaria como hasta ahora; el etiquetado obligatorio indicando si es o no de la UE; y, por último, el etiquetado obligatorio que indique el Estado miembro de la UE o tercer país específico de procedencia.

Los principales resultados del informe revelan que el interés del consumidor en el etiquetado de origen para la carne utilizada como ingrediente parece ser considerablemente elevado, pero por detrás de su interés por el precio y la calidad en el ranking de factores que influyen en la elección. Y, no menos importante, el interés de los consumidores en el etiquetado de origen no se refleja en la disposición a pagar el coste adicional que éste puede suponer. O sea, el mismo consumidor que defiende la necesidad del etiquetado obligatorio del origen de la carne se olvida de dicho criterio cuando su aplicación le supone meter la mano en la cartera.

En sentido contrario, el Gobierno francés ha elaborado un proyecto de ley de consumo que recoge la obligatoriedad de indicar el país de origen de las carnes para los platos preparados y ha sido el país más crítico ante los resultados del informe de la Comisión Europea. Igualmente, tres ministerios del gobierno Hollande han impulsado un conjunto de iniciativas para fomentar el uso de los productos de proximidad en la restauración colectiva de hospitales, guarderías o residencias. Esta iniciativa gala pone los dientes largos al conjunto del sector primario vasco, puesto que en este campo Euskadi no ha hecho apenas nada. El Gobierno Vasco y las diputaciones tienen mucho campo de actuación.