EL informe suscrito por Desmond de Silva y David Crane, fiscales de los tribunales internacionales sobre Sierra Leona, y por Geoffrey Nice, fiscal del caso del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic, que denuncia torturas sistemáticas y la matanza por la dictadura de Bachar al Asad de al menos 11.000 detenidos desde el inicio del conflicto en aquel país en 2011 ofrece base suficiente para presentar cargos por crímenes contra la humanidad contra el régimen sirio, pero se antoja mucho más remota la posibilidad de vincular jurídicamente al propio Al Asad con dichas atrocidades. En cualquier caso, ni el informe ni la conclusión sobre esos once mil casos basados en el análisis forense de 55.000 imágenes digitales sacadas de Siria por un desertor de la propia Policía Militar de Al Asad pueden sorprender pese a su crudeza. La comunidad internacional es tan consciente como responsable del silencio mantenido sobre las violaciones de derechos humanos por parte del régimen sirio, antes y durante la guerra civil, o sobre los que, desde su inicio, ha cometido la oposición; violaciones que superan con mucho las cifras a las que se refiere el análisis de los fiscales internacionales. El apagón informativo sobre la guerra siria, al que contribuyen tanto ambos bandos como los numerosos intereses geoestratégicos que en ella se entrecruzan, puede quizá difuminar en la consciencia de Occidente el verdadero y enorme alcance del drama, pero no oculta que la crueldad humana ha alcanzado en Siria -con o sin armas químicas- un nueva dimensión difícil de describir en cualquier informe, incluyendo el que ayer también presentaba Human Rights Watch con 667 páginas de denuncia de las violaciones de derechos humanos en 90 países a lo largo de 2013. En cualquier caso, la filtración del análisis forense y de las conclusiones de los fiscales Da Silva, Crane y Nice tampoco debe considerarse ajena a esos intereses si se produce justo en vísperas de la conferencia Ginebra 2 entre representantes del Gobierno sirio y de parte de la oposición, con la situación militar del régimen de Al Asad consolidada, una fuerte división en las fuerzas que lo combaten y un documento inicial, acordado por EEUU y Rusia con el visto bueno de la ONU, que Al Asad difícilmente va a aceptar.