lA resolución que el Parlament de Catalunya aprobó ayer, por una muy amplia mayoría -87 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones de la CUP que apoya y defiende igualmente la consulta, es decir, 90 sobre 43-, para solicitar al Congreso que el Estado transfiera la competencia de celebrar la consulta del 9 de noviembre, no es sino la vía por la que la Generalitat y los partidos CiU, ERC e Iniciativa per Catalunya tratan de encauzar en la legalidad la clara demanda social de que Catalunya pueda decidir por sí misma su estatus político y su relación con el Estado. Nada menos que el 71% de los catalanes, según la última encuesta realizada en octubre al respecto por el Centre d'Estudis d'Opinió, exigen la convocatoria del referéndum. Sin embargo, los dos principales partidos españoles hacen oídos sordos a esta demanda democrática y se resisten a facilitar la convocatoria a pesar de que la solicitud al Congreso de la competencia para realizarla es plenamente constitucional. La negativa del PP y el PSOE a la consulta no halla, por tanto, sustento en la ley. Se fundamenta, por el contrario, en un trasnochado criterio de unidad uniformadora y centralista del Estado, al servicio del cual se opta por supeditar principios y libertades fundamentales, como el derecho y ejercicio de voto al interés y la disciplina partidistas, lo que pone en evidencia su escasamente democrático concepto de la política. De ahí los profundos disensos y resistencias internas -con renuncias como la del parlamentario y alcalde de Lleida, Ángel Ros, la dimisión de una diputada y miembro de la ejecutiva del PSC y la ruptura de la disciplina de voto de tres parlamentarios socialistas que se niegan a entregar su acta como les exige el partido- que sufre el PSC ante el acatamiento por su secretario general, Pere Navarro, de las directrices que desde Madrid obligan a los socialistas catalanes a renunciar a un derecho democrático a decidir que llegaron a enarbolar e incluir en el Programa Electoral de 2012. Todo ello impulsado por el temor de Madrid al resultado, quizás en la consciencia de que el apoyo independentista en Catalunya puede ser superior al del creciente independentismo en Escocia, nación a la que, en claro contraste, el Parlamento británico sí ha delegado la competencia para realizar la consulta de independencia el 18 de septiembre, menos de dos meses antes de la fecha planteada por Artur Mas. Evidente diferencia de talantes democráticos.