la expresión, de verdad afortunada, no es mía, pero está llamada a convertirse en un clásico. En primer lugar, porque la aparición en escena del juez Eloy Velasco y su historial personal que corre las redes sociales permite examinar quién es ese magistrado tan afín al PP que su dedicación política induce a dudar de su imparcialidad profesional. Y en segundo lugar, porque también permite comprobar cuáles son las intenciones reales del partido en el Gobierno en relación al fin de ETA, como si necesitasen de su existencia para mantener encendida la hoguera de una crispación social que les beneficia de manera electoral, algo que se comenta solo. Ni la entrega de las armas ni el anuncio de su disolución van a ser suficientes. Mienten cuando afirman lo contrario.

El juez Velasco, echando mano de acusaciones no basadas en pruebas contrastables, prohíbe una manifestación en apoyo de la petición de los derechos de los presos de ETA aduciendo que la idea de la marcha proviene de una organización terrorista, y de rondón convierte esa marcha en una marea social y en una rotunda expresión de un sentir popular y político de muy amplio alcance. Eskerrik asko, Velasco, por tanto.

Las detenciones y registro de un despacho de abogados que se han producido al hilo de ese movimiento en pro de los presos de ETA es cuando menos un asunto turbio, pero también eskerrik asko: un aviso de caminantes de hasta dónde son capaces de llegar. Entre lo que diga el Ministerio del Interior y lo que diga el abogado y senador Iñaki Goioaga -a quien no conozco y con quien no comparto militancia-, yo creeré siempre al segundo, con independencia de que sea o no abogado o senador. Por principio, no creo las versiones oficiales. Jamás, ninguna, en ningún caso. Estoy en mi derecho. Ninguna ley me obliga a ello, por el momento. ¿Qué credibilidad tienen las instituciones de un país de mentirosos públicos y probados, donde las actuaciones son notoriamente sectarias, arbitrarias, abusivas y lesivas para los derechos de los ciudadanos? Son ellos mismos quienes han socavado el prestigio o la credibilidad. No lo pueden exigir a porrazos y a multazos. Lo pueden imponer, pero no hacer desaparecer lo que el silencio oculta, salvo que persigan las ideas antes incluso de ser expresadas, porque por esa senda vamos.

Con respecto a los registros del despacho de abogados de Bilbao se ha hablado de incautación y de decomiso de ordenadores y discos duros. Yo no sabía que se pudieran incautar o decomisar bienes legales, pero, en fin, con esta gente cada día se aprende algo relacionado con las leyes de este orden nuevo en el que estamos. El régimen policiaco tiene eso de bueno: que aprendes a palos, a multazos, cargado de miedo, pero aprendes aunque no escarmientes. Porque este es un régimen policiaco, y no como dicen los que aspiran a vivir de él de la manera que sea, asegurándose un zulico en la oposición, una democracia autoritaria. Qué falacia.

Me gustaría saber qué va a pasar con esos bienes, si van a ser devueltos a sus propietarios y en qué estado, y si ese decomiso o incautación es legal o no, porque parece que los informadores o la propia policía no se ponen de acuerdo sobre lo que se ha hecho y ha sido denunciado por varios profesionales del derecho como una actuación al margen de la ley que, como mínimo, merecería ser estudiada.

Así las cosas, me gustaría ver a los que se rasgan las vestiduras por el honor de la infanta imputada con todas las de la ley y nunca lo han hecho ni lo harán por el de los ciudadanos que han sido detenidos, vilipendiados en su imagen pública -que la tienen y a ella tienen derecho-, acusados de delitos en falso, encarcelados y más tarde liberados sin cargo alguno por la gatera. Los grandes titulares y los canallescos photoshops no se convierten en este caso ni en una mínima gacetilla de relleno. Miran para otra parte. Eskerrik asko pues, por permitir ver hasta dónde llega la mala fe y la doble moral en la escena pública, y privada supongo.