las imágenes de la Guardia Civil registrando la sede del PP durante 14 horas por los cada más evidentes indicios de corrupción, financiación ilegal, sobresueldos opacos y contabilidad ficticia representan la penosa realidad política del Gobierno de Mariano Rajoy en el ecuador de su mandato. ¿Es siquiera imaginable una situación similar en cualquier otro Estado de la UE sin que ningún responsable del partido gubernamental hubiese comparecido públicamente para ofrecer una mínima explicación? La pobre y absurda respuesta de Rajoy tras participar en una reunión del Consejo de Europa limitándose a afirmar que están "muy tranquilos" ahonda en su descrédito político y en la pérdida de credibilidad internacional e interna de su Gobierno y de la deteriorada imagen de la llamada marca España. La deriva del PP presenta síntomas preocupantes desde el punto de vista de los fundamentos de una democracia avanzada en Europa. En primer lugar, por su acción de gobierno dirigida a instaurar un régimen político de corte autoritario por medio de una sucesión de leyes y decretos que minimizan o eliminan importantes derechos sociales, civiles, políticos y laborales. En segundo término, por una política reaccionaria que intenta imponer los presupuestos morales de un determinado sector derechista en los ámbitos educativo, social o cultural, de cuya tendencia son claros exponentes la Lomce o la Ley del Aborto, entre otros impulsos legislativos. En un tercer capítulo, el PP también ha dejado su impronta reaccionaria en la gestión de la crisis económica y la sumisión permanente de los intereses generales de los ciudadanos a los intereses privados de la banca y de las grandes empresas, de lo que el escándalo de la subida de la luz es otra prueba transparente. Y por último, la proclama de España, una! se ha convertido en una de las principales señas de identidad de los sectores ultras del PP, que han convertido el frente de Catalunya una bandera de guerra. A estas proclamas el Gobierno del PP ha sumado una soterrada política de recentralización del Estado y no repara en medios -incluída la complicidad de la prensa amiga- para azuzar los enfrentamientos territoriales, con la guinda en Euskadi de los desesperados intentos de bloqueo al proceso de paz y normalización.