la política desarrollada por el PP respecto a las pensiones resulta escandalosa y está regida por la mentira de sus argumentos. La única verdad es que en este momento el sistema de pensiones presenta un déficit debido a un paro insoportable de seis millones -consecuencia de la política laboral- y a una devaluación interna con pérdidas importantes de salario. Esto hace que también la recaudación de la Seguridad Social disminuya en la misma proporción.

Nos hablan de que con el proyecto del PP se ahorrarán unos 33.000 millones en 8 años, pero no es cierto. Sus cálculos tienen trampa. Los presupuestos presentados por el PP para 2014 prevén una inflación del 1,5% y una revalorización del 0,25%. Eso significa un descenso de nuestras pensiones del 1,25%, suponiendo una pérdida para las pensiones de unos 2.000 millones en 2014, muy alejado de los 800 que habla el PP. Otra de las mentiras más habituales y justificativas de la bajada de las pensiones es la demografía, que es un factor a tener en cuenta en la sostenibilidad del sistema, pero no el principal ni el más importante. El principal factor es la creación de riqueza. En 1960, para hacer sostenible el sistema de pensiones se necesitaban 6 trabajadores por cada pensionista y hoy esa cifra es de 2,1 por jubilado. Esto se explica por el aumento de la productividad, que hace de la creación de riqueza el factor principal a tener en cuenta en las pensiones y no la demografía. Cuando se vuelva al crecimiento y disminuya el paro, las cuentas de la Seguridad Social volverán a equilibrarse.

Siempre que España tenga un promedio de crecimiento anual del 1,5%, las pensiones son sostenibles. Ahora no lo son precisamente porque decrecemos, pero en los últimos doce años el crecimiento ha sido del 2,8% anual, por eso la Seguridad Social ha podido pagar sin problemas y además creó un fondo de reserva de hasta 65.000 millones.

Los mismos que están haciendo la reforma de las pensiones de forma antisocial son los que predijeron ya en el año 1990 que para el año 2000 el sistema público de pensiones estaría quebrado. Los mismos que no rectificaron ni asumieron el error, se lanzan en el 2000 a predecir el colapso del sistema nuevamente para 2010 utilizando la demografía. Está claro que usan la ciencia demográfica para manipularla en beneficio de sus intereses financieros. La reforma la están haciendo los hombres del BBVA, Banco Santander o Mapfre, siendo los máximos beneficiarios del descalabro de las pensiones públicas.

El PP, que defiende la viabilidad de los fondos de pensiones privados, debería haber presentado sus resultados en los últimos diez años. El 90% de los fondos presentan pérdidas patrimoniales fuertes, es decir, aquellos que los contrataron tienen ahora menos dinero que el invertido. Sin embargo, han sido los grandes bancos los que sí se benefician, pues cobran tasas anuales del 1,5% al 2,5% del capital disponible anual, así el negocio es redondo.

Otro aspecto de la reforma que se olvida interesadamente es el apartado de los ingresos del sistema. Si el sistema privado de pensiones es tan genial, quitemos la desgravación fiscal -que supone unos 2.000 millones anuales- y pasen estos dineros al fondo de pensiones públicas. Otra medida que se debería tomar es que cada uno pague en función de lo que gana. Por ejemplo, Emilio Botín paga lo mismo al fondo de pensiones de la Seguridad Social que la inmensa mayoría de sus trabajadores del Banco Santander. Esta media supondría una recaudación de unos 2.500 millones anuales. Como vemos, hay posibilidades recaudatorias que harían el sistema más justo.

Cuando pedimos muchos que sea el Estado quien aporte fondos a la Seguridad Social con un aumento impositivo, inmediatamente salen los economistas neoliberales preguntándonos que si queremos subir el IVA o el IRPF y que perderíamos competitividad. Preguntas malintencionadas. Ellos saben perfectamente que no pedimos esas subidas sino otras más justas.

Debemos parar el actual proyecto de reforma por injusto, insolidario y contrario a los principios de justicia que marca la Constitución. Para ello solo cabe protestar y exigir su retirada, o exigir a la oposición que cuando llegue al poder retire de forma inmediata esta reforma.