EL cuestionamiento por el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, de las directrices del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a la Ertzaintza respecto a la llegada a sus localidades de origen de los presos de ETA excarcelados por el Gobierno Rajoy en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot es tan injustificado como injusto y grosero, y tan extemporáneo y gratuito como burdamente interesado. Injustificado por cuanto el ministro es de todo punto incapaz de aportar ni un solo razonamiento que siquiera pretenda dar base a su aserto crítico. Injusto y grosero con el Departamento y sus responsables, que se han distinguido en su posicionamiento y labor frente a ETA durante decenios, y sobremanera con aquellos que, en ejercicio de esa labor, resultaron víctimas de esa misma violencia. Es especialmente extemporáneo cuando solo hace unos días debió rectificar sus primeras declaraciones en las que entonces objetaba no las órdenes emanadas del Departamento, sino la actitud de la propia Ertzaintza. Gratuito por cuanto a Fernández Díaz le es imposible aportar un solo dato que corrobore su versión -no ya la de la actitud del Gobierno Vasco sino incluso la de la propia consideración delictiva de los hechos- y la propia Fiscalía ha criticado la escasa entidad de las exiguas denuncias enviadas por el representante de Fernández Díaz en la CAV, el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo. Y burdamente interesado porque de lo anterior se deduce que al ministro del Interior no le ha podido mover en sus absurdas declaraciones un afán por evitar inaceptables exaltaciones de la violencia o de quienes la han practicado, ni tampoco el loable deseo de proteger la integridad emocional de las víctimas, sino un rastrero criterio de oportunidad política tras sopesar los problemas que con la parte más extrema de su base social le crea la ineludible sentencia del TEDH y el nuevo pico en el escándalo de la corrupción de la trama Gürtel que afecta directamente al Gobierno a través de una miembro del Consejo de Ministros, Ana Mato. Pero el uso con ese fin partidista del grave exabrupto de la connivencia (por otra parte reiterado en tiempos de Aznar) desautoriza e inhabilita a Fernández Díaz como ministro y da motivos sobrados para su reprobación.
