LA sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que ha tumbado sin ambages la denominada doctrina Parot ha generado, como era previsible, una oleada de reacciones muy dispares en la opinión pública vasca y española. Muchas de esas respuestas a un fallo más que previsible y técnicamente irreprochable son comprensibles desde la empatía y la solidaridad con el dolor. Otras, sin embargo, son difíciles de entender desde la óptica meramente democrática. Y algunas, finalmente, resultan sencillamente intolerables y avergüenzan a cualquier conciencia sensible con la libertad, el respeto escrupuloso a la legalidad, los derechos y la dignidad humana. Desde ese punto de vista, las víctimas -desde su amplia pluralidad- están legitimadas para expresar sus sentimientos. Pero desde las organizaciones políticas, los medios de comunicación y, sobre todo, los órganos del Estado las reacciones y mensajes deberían aportar serenidad, sosiego y, sobre todo, respeto absoluto a una resolución judicial que, guste o no, es de obligado cumplimiento y emana de un tribunal que forma parte del entramado jurídico propio e interpreta, como instancia última, la adecuación de las normas y leyes nada menos que a los derechos humanos recogidos en el Convenio europeo. Es decir, si las leyes y decisiones de un Estado se adecuan al suelo ético -por utilizar un lenguaje últimamente al uso- que tanto reclamamos como necesarios para nuestra convivencia. Sin embargo, el Gobierno español no ha estado -una vez más- a la altura. Y está aún por ver si el Poder Judicial español asimila, asume, acata y ejecuta sin subterfugios ni ingenierías jurídicas la sentencia de Estrasburgo. La concentración convocada para hoy por algunas asociaciones de víctimas tiene, por ello, una doble lectura. Una -la buenista-, interpreta esta movilización como un apoyo incondicional a las víctimas. Pero hay mucho más. El lema de la movilización, Justicia para un final con vencedores y vencidos, ya da idea de su orientación, que, se diga o no, es de rechazo a una sentencia judicial que ampara los derechos humanos y exige su no aplicación. El apoyo del PP -partido del Gobierno que engañó y azuzó a las víctimas- es, por ello, injustificable y roza la apología de actos contra los derechos humanos.
