la Diada y la cadena de más de 400.000 personas que esta tarde formarán la Vía catalana para exigir el derecho a votar en una consulta sobre al futuro político de Catalunya pretenden proyectar hoy la capacidad de decidir de los catalanes en una pantalla internacional. No se trata únicamente de un pulso por calibrar la respuesta de la sociedad catalana ante un ejercicio de autodeterminación hacia la independencia o la asunción de una soberanía plena, por cuanto esta expresión quedó clara en su fiesta nacional del pasado año y ratificada posteriormente en las urnas o en las encuestas. Tampoco es simplemente una demostración de fuerza soberanista ante el Gobierno de Mariano Rajoy para que se avenga a negociar un encaje político para las ansias de Catalunya. Hoy la Diada se convertirá además en una gran pantalla para visualizar y reforzar ante el mundo y la comunidad internacional el valor político de la demanda social catalana y su realidad política mayoritaria ante la cerrazón del Estado español. El distanciamiento de la sociedad catalana respecto de España se ha agrandado sobremanera en los últimos años, en una tensión en parte alimentada por la pasividad y desdén del Gobierno del PP -cuando no con exultante beligerancia en algunos ámbitos de la derecha social- para dar una respuesta políticamente racional al problema catalán, tanto en su vertiente identitaria como económica o financiera. Lejos de ello, el Estado ha recurrido a distintas manipulaciones jurídicas para sortear la legitimidad democrática de las instituciones catalanas. La reivindicación de la Diada se propone hoy superar el horizonte de 2014 o 2016 y abonará el impacto internacional que tendrá un previsible posicionamiento mayoritario soberanista en una convocatoria popular, aun cuando esta carezca de valor jurídico, según parece ser la previsión que maneja el Govern de Artur Mas. La próxima ley catalana de consultas -basada en competencias que contempla el Estatut- podría servir para eludir la autorización del Estado y la pregunta podría redactarse de tal modo que sortee un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional, neutralizando así este veto. Y en ese caso, el valor jurídico sería irrelevante frente al valor político.