mientras PNV y PSE ultiman los flecos del acuerdo que están a punto de presentar a la opinión pública, lo conocido del mismo anticipa que se trata de un acuerdo de calado. Su importancia deberá medirse no sólo por sus efectos sobre la recaudación fiscal de las haciendas sino, especialmente porque habilita un terreno de juego compartido por dos partidos que constituyen mayoría parlamentaria en Gasteiz y, en consecuencia, deberían facilitar la labor del Gobierno Vasco en materia económica. Esa mayoría no se traslada al conjunto de las instituciones del país y requiere de las aportaciones e incorporación del resto de fuerzas -puesto que el PP gobierna Álava y Gipuzkoa está en manos de Bildu- para poder materializar los activos que incorpora el pacto en materia fiscal y acción económica, aunque el diputado general alavés Javier de Andrés parece caminar perdido y con el paso cambiado en este terreno. Pero los fundamentos del acuerdo responden a una coyuntura económica, unas necesidades sociales y unas posibilidades fiscales difíciles de rebatir. En este sentido, debería servir de base para que los objetivos de recaudación, junto con los compromisos de inversión y acción social, sean igualmente compartidos más allá de la divergencia ideológica. Estas diferencias son legítimas, pero las obligaciones compartidas y la financiación de las políticas públicas exige alejarse de dogmatismos ideológicos para propiciar respuestas reales a problemas reales. El acuerdo entre PNV y PSE que está a punto de ver la luz apela implícitamente a la responsabilidad del PP y Bildu, cuyas propias responsabilidades de gobierno en Álava y Gipuzkoa respectivamente deberían ser elemento clave para reconocer en los contenidos de l pacto fórmulas que dan cobertura a sus propias necesidades. Pero quienes más compromiso adquieren son quienes lo suscribirán en primera instancia. El acuerdo debe servir para abrir un modelo de relación entre PNV y PSE que deje atrás una fase estéril. La acritud que la ha caracterizado es un factor a superar en el debate político, que puede seguir vigente en los aspectos que separan a ambas fuerzas. Pero a partir de este punto de encuentro hay tres años de legislatura en los que sólo cabe la lealtad a este acuerdo.
