el nuevo curso político vasco arranca con innumerables retos en la agenda y un horizonte incierto en varios e importantes ámbitos. Sin duda, el otoño se presenta caliente. Algunas de las cuestiones más acuciantes -léase la crisis económica, la situación de empresas y trabajadores o la atención social a los más desfavorecidos- van a necesitar de atención inmediata. El lehendakari Iñigo Urkullu insistió el viernes durante la apertura oficial del curso en el Palacio Miramar que los deberes están hechos en muchas de estas asignaturas y que los frutos se verán a partir de septiembre, aunque apeló a la consecución de grandes acuerdos para la salida de la crisis. Pero hay otras cuestiones sobre las que el calendario se echa encima sin que haya habido avance alguno en meses. Uno de ellos es el proceso de pacificación y convivencia, que se ha convertido en una asignatura pendiente en la que no se ha trabajado -o no ha dado frutos- durante el verano, lo que suele ser sinónimo de suspenso en septiembre. La cerrazón del Gobierno de Mariano Rajoy, que se niega a dar un solo paso para desatascar la actual situación de bloqueo, y la falta de pasos decisivos, claros y determinantes por parte de ETA están llevando a un momento de peligrosa parálisis cuando está a punto de celebrarse el segundo aniversario del anuncio de abandono de la violencia. Dos años en los que apenas ha habido movimientos, salvo de las instituciones vascas, que han puesto en marcha dos instrumentos -la Ponencia de Paz del Parlamento y el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno- que pueden ser de suma importancia para avanzar en la pacificación definitiva, pero que parecen también condenados a una situación de bloqueo por la falta de valentía política o visión a largo plazo y la apuesta partidista a corto de algunas formaciones. En esta encrucijada, todos están obligados a moverse, aunque tres son los necesarios protagonistas. Fundamentalmente ETA, que debe anunciar de forma inmediata su disolución y desarme. De igual modo, la izquierda abertzale debe aceptar el suelo ético imprescindible y reconocer su responsabilidad en el dolor causado. Y por último, el Gobierno del PP está obligado, como mínimo, a abrir un resquicio y variar la política penitenciaria. Sólo así la paz puede abrirse camino.
