la unánime exigencia política e institucional a Mariano Rajoy para que comparezca en las Cortes y explique ante los representantes políticos elegidos por la sociedad los pormenores y afecciones reales del denominado caso Bárcenas y la sostenida negativa del presidente del PP y del Gobierno a hacerlo, son la última y extrema constatación del modo en que Rajoy y su partido han confundido la mayoría parlamentaria que les otorgaron las urnas con la potestad para ejercerla desde su exclusivo interés e ideología sin control ni cortapisas. Porque, aun siendo el asunto de más gravedad política en cuanto a la asunción de responsabilidades -se trata de la presunta financiación ilegal del PP y el supuesto cobro irregular de sobresueldos por algunos de sus líderes-, no es el único en el que la mayoría absoluta de que goza Rajoy ha sido utilizada por su gobierno únicamente para ignorar a los demás e instalarse en su propia soledad, alejado no solo del consenso político con la oposición, siempre conveniente si no exigible, sino también de la propia sociedad a la que tanto unos como otros representan y cuya opinión al respecto dejan traslucir con toda nitidez y reiteración las encuestas. La tramitación de la Lomce o Ley Wert, que la semana pasada vio cómo eran rechazadas las enmiendas a la totalidad del resto de los grupos; la reciente reforma energética, la reforma laboral, la política fiscal, la reforma de las pensiones... un sinfín de decisiones que atañen directamente al modelo de sociedad y cuya afección excede a la presente legislatura y, por tanto, a la propia mayoría absoluta de Rajoy han sido tomadas desde el pedestal solitario de la mayoría absoluta y sin el mínimo esfuerzo de concertación, instalados en el enorme error de considerar esta un signo de debilidad, lo que en realidad solo contribuye a desgastar la legitimidad social de su mayoría, y empeñados en no permitir ni siquiera matices a sus postulados políticos. Esto se hace evidente, sin ir más lejos, en el proceso hacia la paz y la normalización y en el que Rajoy se mantiene en un hierático inmovilismo que en nada contribuye a lo que debería ser tajante prioridad de un gobierno que no depende de nadie y que apenas tendría una oposición residual en UPyD: zanjar de una vez por todas la lacra de la violencia.