LA propuesta de la Diputación Foral de Gipuzkoa presidida por Bildu de implantar peajes de uso de determinadas carreteras del territorio a abonar por aquellos no residentes en él adolece de una falta de concreción que, más de dos años después de que se iniciara el análisis y el debate de esa posibilidad, se antoja imprescindible subsanar. Solo de la concreción, y por supuesto de un imprescindible cotejo con las instituciones de los demás territorios en las que no parece por ahora que vaya a encontrar demasiada complicidad, puede resultar un análisis certero sobre una medida que a día de hoy no tiene más explicación que el mero afán recaudatorio del Ejecutivo de Martin Garitano. Se deduce así, por ejemplo, del hecho de que Gipuzkoa se tuviera un cálculo de ingresos -al haber definido la cantidad a abonar y desde cuándo los 25 euros de peaje mensual que los conductores procedentes de Bizkaia, Álava y Navarra deberán pagar a partir de octubre de 2014, tras determinar la probable afluencia de vehículos en las carreteras (N-1, N-121-A, A-15 y GI-632) en que se aplicará el peaje- antes de definir el sistema con que éste se efectuará. Pero, además, la propuesta también presenta otras aristas, entre las que no son las menos acusadas su carácter unilateral y algunas incongruencias que lleva implícitas, consecuencia de contrastar en la praxis de la responsabilidad de gobierno el modelo político radical ejercido durante décadas. Por ejemplo, respecto a la abierta oposición que la izquierda abertzale realizó a la propuesta de implantar peaje en una sola carretera, la N-1 a su paso por Etxegarate, que barajó el anterior Gobierno foral. O el incumplimiento de la promesa de no implantar dicho peaje que en septiembre de 2011 realizó personalmente la actual diputada foral de Movilidad, Larraitz Ugarte, en su reunión con el sindicato de transportistas Hiru. Pero también, en un plano más ideológico, respecto a la vertebración de Euskal Herria, creando diferencias entre territorios que no la fomentan sino que, muy al contrario, incluso llegan a crear contradicciones políticas internas, como se desprende de la abstención a finales de junio de los representantes de Bildu en el Parlamento de Navarra respecto a la propuesta que su misma formación impulsa en Gipuzkoa.