YA hay quien opina, abiertamente, que la crisis financiera es una argucia y que su deriva en esta recesión que nos sacude desde el nivel de clase media hacia abajo es una estrategia y no una realidad. Según ese argumento, y comparto esta otra afirmación, el objetivo primero era conseguir la cristalización de un nuevo periodo de beneficio para que los mercados financieros hiciesen "caja" sobre el lomo de quienes habían escalado hasta un razonable estado de bienestar más generalizado. Todas esas otras argumentaciones sobre que la socialdemocracia más anglófona y seguidora de la sombra estadounidense habían causado con su apertura de los mercados esa invasión sobre el espacio de los derechos están comprobadas hasta el hastío, como que las llamadas terceras vías que Blair y otros sostuvieron, también en España, solo contribuyeron de manera cómplice a que el pasado de la dominación social atravesara el muro por la puerta grande.

A lomos de esa crisis ficticia, la derecha gobernante en Europa ha ido articulando herramientas con las que alcanzar ese objetivo que exprime el estado de bienestar pasado en zumo dulce para los denominados mercados y quienes detrás de ellos se acurrucan: la derecha, y España ha sido un alumno aventajado. Incapaz Zapatero de apostar y defender por la vía electoral su propia obra y la de los gobiernos socialistas anteriores, la perdida de la credibilidad puso en bandeja la dirección del futuro a ese Partido Popular de ideología más ancestral.

No es solo historia, sino hitos imprescindibles de ella para solo recordar el camino recorrido hasta la fecha del 7 de julio de 2013, en el que la reforma laboral del actual gobierno del PP alcanza su cenit estratégico, cumpliendo así lo marcado por aquella estrategia inicial.

Desde su llegada al poder, la reforma laboral se convirtió en la obsesión de la derecha, por lo que era imprescindible derribar todos los obstáculos que pudieran ponerla en cuestión. Primeramente buscando un titular del departamento de Trabajo y Seguridad Social inocua y que no tuviera una personalidad reconocible profesionalmente, que dúctil a los pasos que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) iría marcado. Ni un ápice se ha movido de ese discurso la ministra de Trabajo del Gobierno Rajoy y ni un segundo le ha temblado el sillón entre los suyos.

Es cierto que, suspendidos en el globo del bienestar, los sindicatos, todos ellos, han sobrevolado por encima de muchos aspectos de la realidad e incapaces de reinventarse, y hemos visto casos de altos dirigentes sindicales integrados en los equipos de gobierno del Partido Popular en las administraciones. El bienestar, ese objetivo del que ellos fueron herramienta, tuvo un efecto de adormidera para todos y especialmente para quienes debieran haber permanecido más alertas que nadie, porque nada había sido fácil ni los pecados veniales de la colaboración sindicatos-empresarios quedarían para siempre en silencio, sino que, como así ha sido, serían utilizados posteriormente.

La reforma laboral del PP, como ya se sabe, significaba que los convenios que no fuesen denunciados o renegociados antes de la fecha de este 7 de julio decaerían, produciendo, no un reinicio sobre lo ya establecido, que ese es el error de previsión cometido, sino la eliminación de todos los aspectos, obligaciones y compromisos existentes en materia laboral en las empresas. Era previsible que ese año de transición transcurriese sin que se diera ninguna modificación, porque la propia reforma dejaba en debilidad absoluta a la parte sindical al haber recortado derechos e introducido nuevas normas sobre despido, garantías salariales, jornadas, extinción de contratos, entre otros, a las que las empresas, como era de suponer, se han ido acogiendo con rapidez. A partir del San Fermín de este año, no hay otras normas que las aplicadas por el PP, todo lo anterior no existe y se abre la veda para que la negociación colectiva, ese Grial sindical, comience de cero en un marco económico de recesión y, en cualquier caso, de recesión sobre los derechos sindicales y sociales de los trabajadores.

De aquella legislación del franquismo falsamente proteccionista se pasó a los grandes pactos que pusieron en pié un nuevo escenario de derechos, pese a reconversiones, conflictos y tensiones. Los sindicatos crecieron como interlocutores sociales y como organizaciones ante los empresarios. Ni lo uno ni lo otro sirve ya en 2013 y se ha abierto la veda del sindicalista en el ámbito de la empresa. La malla de acuerdos que vinieron sosteniendo la negociación periódica de los convenios en ámbitos estatales, territoriales, provinciales o de empresa ha quedado hecha trizas y de esos restos no saldrá ningún nuevo tejido.

Trasladar de nuevo el grueso de la capacidad de negociación colectiva al ámbito de la empresa significa jugar a favor del más fuerte y en contra de la masa mayor de trabajadores que en pequeñas empresas no cuentan con representación sindical o sin un apoyo superior capaz de orientar y asesorar a quienes ahora son representantes sindicales o miembros de los comités. Vuelven a coincidir así los intereses generales de los mercados con los particulares del sector empresarial español: la devaluación de facto de nuestra economía debía llevar añadida una devaluación de los costes salariales. A este fin se dirige este nuevo vacío en el ámbito laboral, que devalúa el poder sindical, le pone debilitado en línea de salida para discutir uno a uno cada convenio y procurar evitar ese objetivo de recorte salarial de hasta el 30% que ya se anuncia, con un incremento de jornada que ni sirve como insulto inicial. La gestión del PP en las administraciones públicas, anterior a la propia reforma y durante su aplicación, ha sido un claro campo de entrenamiento para lo que ahora llega.

Un año después, algún sindicato corre a organizarse de nuevo como en aquel esquema histórico de la presencia y acción sindical en las empresas, reforzando afiliación y compitiendo por la dirección de los comités. Tantos años después de los acuerdos marco suscritos principalmente por UGT y CCOO, vuelve a hacerse evidente la necesidad de que los sindicatos recuperen, prioritariamente, su papel originario: aquella vieja discusión, que tanto daño hizo, por el poder entre la organización o las federaciones de industria fue útil en un momento que ya no es el actual.

En 2013, en plena crisis de derechos y económica, vuelve a ser necesaria la revitalización de los sindicatos como defensores de derechos en el nivel donde la fuerza individual es importante pero no decisiva; ese nivel donde ahora se vuelve a situar el si o el no de ese nuevo golpe al derrotado progreso social.