el bipartidismo español vuelve a resultar tocado no ya por el encarcelamiento del extesorero popular Luis Bárcenas o la imputación de la exministra socialista Magdalena Álvarez, sino por la esquiva respuesta de PP y PSOE en sus respectivos casos. Y es que ambos coinciden en arremeter contra las investigaciones judiciales que afectan a sus respectivos correligionarios o en alimentar la confrontación retórica basada en el argumento del tú más. La credibilidad democrática del Estado y el igualmente erosionado crédito social de los partidos mayoritarios dependen en gran medida de la respuesta con la que afronten los cada vez más generalizados casos de corrupción que minan día sí día también a la vilipendiada clase política española. Y es que la trama Gürtel -y su derivada, o matriz, del caso Bárcenas- que se extiende por los tentáculos del PP no se purga únicamente con el encarcelamiento del extesorero de la calle Génova, pues afecta directamente a la credibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy, que todavía no sabe muy bien cómo encarar esta patata caliente, más allá de imponer de momento la ley del silencio en el partido para salir del paso. Sus dirigentes parecen querer pensar ahora que Bárcenas no existe ni nunca existió. Como tampoco es de recibo que, ante la imputación de la exministra Magdalena Álvarez, así como una veintena de altos cargos del PSOE andaluz, por los escandalosos pagos fraudulentos de los ERE en esta comunidad, la dirección de Ferraz lo atribuya a una suerte de conspiración judicial contra su partido -como intentó argumentar ayer torpemente la número dos de la ejecutiva federal Elena Valenciano- y arremeta contra la jueza Mercedes Alaya, al igual que el PP ha venido haciendo con el juez Pablo Ruz. Pero lo más grave es que la actitud de echar balones fuera y eludir responsabilidades que comparten populares y socialistas deja entrever la sospecha de su tentación mutua de correr un tupido velo para salvar un entramado institucional anclado en el secular bipartidismo y con intereses encontrados en la pugna por el poder, pero al mismo tiempo compartidos por un mismo sistema de financiación de los partidos. De la misma forma que los casos Filesa y Naseiro ya se saldaron hace dos décadas en tablas.