LA anunciada reforma o "adelgazamiento" de las Administraciones públicas que ha diseñado el Gobierno español y que permitiría un ahorro de nada menos que 37.700 millones de euros hasta 2015 -según afirmaron en su presentación el viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- supone un nuevo ejercicio de prestidigitación por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy mediante el que pretende una vez más endosar a las comunidades autónomas el grueso de los recortes, vaciarlas de competencias para escalar varios peldaños más en el progresivo proceso de recentralización y continuar con la destrucción de servicios públicos. Pocas dudas caben de que las administraciones -todas ellas- deben abordar un proceso de racionalización y redimensionamiento que logre un equilibrio entre los servicios que presta, sus estructuras y los recursos de que dispone. Además, y después de tres décadas de experiencia del sistema autonómico derivado de aquel nefasto café para todos, parece también obligado abordar reformas -algunas muy profundas- para readecuar, dar sentido y dimensionar las administraciones y servicios. Todo ello con un claro objetivo: conseguir mayor eficacia y eficiencia en la gestión, mayor agilidad y, en definitiva, la prestación de un mejor y más cercano servicio al ciudadano. A buen seguro, este proceso redundará, además, en un importante ahorro económico. Sin embargo, este planteamiento no puede hacerse a la manera de lo que ya puede denominarse como estilo PP: mediante la imposición y sin diálogo con las comunidades, aprovechando la grave situación de crisis para, con la excusa del ahorro, proceder a un adelgazamiento no ya del sector público sino competencial en favor del Estado y con la invasión de atribuciones propias de Euskadi con la mirada siempre puesta en su propio modelo uniforme, simétrico y centralizador. No basta con que el informe de esta nueva reforma haga "recomendaciones" a las autonomías para que "voluntariamente" prescindan de organismos como los tribunales de cuentas o los defensores del pueblo. Euskadi ya ha respondido: no cederá en la defensa de sus competencias y tiene preparado su propio plan de racionalización. Ha faltado diálogo y sobra soberbia en el PP.
