la histórica condena de 80 años de cárcel al dictador José Efraín Ríos Montt por el genocidio perpetrado contra la etnia indígena ixil y crímenes de lesa humanidad supone un triunfo de la justicia en Guatemala, con el hito de haber sido un proceso que se ha ejercido dentro del propio país. El caso del golpista guatemalteco, responsable de la muerte de 1.771 indígenas y el desplazamiento de otros 29.000, se contrapone en este sentido con otros procesos históricos de dictadores latinoamericanos como Augusto Pinochet en Chile, juzgado por una nación extranjera. Sin embargo, la condena ya conocida al dictador guatemalteco bajo la resolución expresa de que "se ha comprobado que la población civil del grupo ixil fue objeto de asesinatos en forma masiva por medio de masacres, torturas, degradación de su dignidad, violaciones sexuales y desplazamientos forzosos" y el juicio precedente no han hecho sino demostrar cómo de abiertas siguen las heridas en el país que Ríos Montt gobernó de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983, el período más sangriento de la guerra civil en este país. A la tensión que ha rodeado la vista judicial, con 28 audiencias en las que han sido evidentes las discrepancias entre jueces, ministerio público y abogados, con expulsiones de los defensores de Ríos Montt o el abandono de la sala bajo acusaciones de que el Tribunal era imparcial, se une el escenario de una Guatemala después del juicio, que ahonda en la división y las heridas de sus horrores más recientes. Con todo, la histórica -aunque quizás tardía- sentencia al anciano Ríos Montt, de 86 años y en arresto domiciliario desde 2012, lidera con el ejemplo la lucha contra la impunidad en una región donde el abuso ha sido la norma. Guatemala es el país de América que ha vivido la guerra más larga, con 36 años de duración, y también uno de los conflictos más sangrientos, que se cebó principalmente con los indígenas. Pero no es el único que sufrió las tesis de Henry Kissinger para favorecer las dictaduras latinoamericanas. Estas prácticas, que pasados los años y mediante sentencias desarrolladas dentro de las fronteras del país, al igual que el caso de Jorge Videla en Argentina, hacen surgir la declaración de la injusticia del proceder internacional frente a las dictaduras.
